• Carmen Magdaleno

Si os digo que voy a presentar una ley que garantice la “variedad con la que las personas quieren expresar su propia concepción de las relaciones familiares” apuesto a que no sólo sería muy difícil encontrar oposición a la misma, sino que seguramente conseguiría adhesiones entusiastas por parte del espectro social considerado a sí mismo “progresista”. Si hablo en general de la “evolución del modelo de familia” y de las “múltiples formas de entender la vida personal”, y lo aderezo con muchos conceptos abstractos como “libertad” (cuantas más veces repita esta palabra, mejor), “solidaridad” y “altruismo”; pocas personas serían capaces de adivinar de qué estoy hablando en concreto, pero sin duda a la mayoría les sonaría muy bien, y pensarían en cosas similares a beneficios sociales para las familias monoparentales, la agilización de adopciones y acogimientos o la legalización del matrimonio homosexual. Muchas se sorprenderían al descubrir que me estoy refiriendo a la proposición de ley registrada por Ciudadanos en el Parlamento para legalizar lo que ya nos hemos acostumbrado a llamar “gestación subrogada”, cuyo nombre honesto en la práctica sería “trata de mujeres con fines de explotación reproductiva”.

Y es que ese es el “modus operandi” del fundamentalismo de mercado disfrazado de liberalismo político, ocultar la práctica, la realidad material, tras una teoría opaca y saturada de palabras rimbombantes. Gracias al arte de birlibirloque mercantilista detrás de ideas aparentemente inocuas como “diversidad”, “progreso” o “modernidad” pueden camuflarse las mayores desigualdades y las formas de explotación más absoluta. En el caso de la “gestación subrogada”, la fórmula mágica consiste en contar historias de parejas felices que han visto su sueño largo tiempo esperado de formar una familia hecho realidad gracias a un ángel de la guarda encarnado en una mujer que disfruta dándolo todo, hasta su cuerpo entero, por “regalar vida”. “La más intensa solidaridad entre personas libres e iguales”, lo describe así Ciudadanos en la que me atrevo a decir que es la exposición de motivos más cínica de la historia parlamentaria reciente. Ni cortos ni perezosos hablan al mismo tiempo de las “distintas formas de concebir y vivir la familia” y de “garantizar la procreación, sin la cual la familia se extinguiría”. Sus familias modernas consisten en asegurar la perpetuación de los genes a través del sacrificio y el sometimiento de las mujeres a la voluntad ajena. Vamos, como ha venido ocurriendo desde el Neolítico, pero sin coito. Cambiando al Espíritu Santo por las “técnicas de reproducción asistida”, que según Ciudadanos ponen en cuestión los antiguos paradigmas de paternidad y maternidad. ¿Qué paradigma más antiguo puede haber de paternidad y maternidad que “garantizar la procreación”?

Cuando alguien se propone vulnerar los derechos humanos más básicos necesita realizar un arduo trabajo previo que le procure la legitimidad necesaria para ello. No hay nada más universalmente legítimo que los derechos humanos, precisamente, por lo que para destrozar unos sin toparse con una revolución lo más útil es inventarse otros. Y así nace “el derecho a ser padre”, el más original ejercicio de inventiva desde que las mafias internacionales de proxenetas se inventasen el “derecho a la asistencia sexual”. Un argumento tan débil solo puede librarse de ser desmontado si navega en el caos de las abstracciones y evita a toda costa bajar al barro de la realidad. Desafortunadamente para Ciudadanos, el papel no lo aguanta todo, y una lectura superficial de su proyecto normativo evidencia que la “gestación subrogada altruista” no es más que ciencia ficción de serie B.

No hay que ser Sherlock Holmes para descubrir el parecido razonable entre los requisitos que las agencias multinacionales que se dedican al negocio de los “vientres de alquiler”  exigen a las mujeres “gestantes” y los que establece Ciudadanos en su ley: de entre 25 años y la edad máxima en la que se mantengan las condiciones óptimas para una gestación con éxito; en buen estado de salud física y mental, excluyendo a quienes hayan sufrido depresiones u otros “desórdenes psíquicos”; haber tenido por lo menos un hijo sano con anterioridad; sin antecedentes penales ni de abuso de alcohol y drogas. En total, una decena de requisitos se exigen a estas mujeres “voluntarias”, que estarán “obligadas a someterse en todo momento a las evaluaciones psicológicas y médicas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos” y que además deberán estar “dispuestas a proporcionar todo su historial médico y toda la información económica y personal”.  Mientras que a ellas se les impone superar un estricto casting y renunciar a toda su intimidad para tener el gusto de pasar por el choque hormonal de una fecundación artificial, nueve meses de embarazo y un parto que la mayoría de las veces es sustituido por una cesárea programada; los futuros padres solamente deben tener entre 25 y 45 años y “acreditar que cuentan con la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para  ejercer la responsabilidad parental”, sin especificar cómo. ¿En qué modo pueden ser los antecedentes penales o de consumo de drogas más relevantes para un embarazo sin complicaciones que para criar y educar a tus hijos? Estamos claramente ante criterios de selección de los mejores ejemplares para ser inseminados como si de cría de ganado se tratase. Aunque a estos “caballos regalados” se les mira mucho más que la dentadura. 

¿Desde cuándo se condiciona cualquier acción desinteresada a las cláusulas de un contrato irrevocable? ¿Por qué no se me permite arrepentirme de algo que estoy haciendo voluntaria y caritativamente? Si se trata de pura filantropía, ¿por qué Ciudadanos propone una compensación económica que deben abonar los “padres de intención” a la “gestante” por todos los gastos médicos y el lucro cesante ocasionado por posibles bajas laborales? ¿Pero uno de los principios rectores de esta ley no era la ausencia de ánimo de lucro? ¿Son acaso las clínicas de reproducción asistida y los seguros de contingencia a los que se refieren a lo largo del texto legal servicios estatales públicos? ¿Seguro que no habrá empresas que obtengan beneficios? Así que la teórica “solidaridad entre personas libres e iguales” traducida a la práctica consiste en clientes a los que se les otorga todas las facilidades y garantías servidos por mujeres para las que todo son obligaciones e imposiciones contractuales a cambio de una cantidad de dinero.

Si nos paramos un rato a pensar en el “target” de mujeres que se delimita, no tardaremos en concluir que estamos imaginando unicornios rosas. ¿Cuántas mujeres de entre 25 y 35 años que han sido ya madres y gozan de una buena posición económica, tal como pide Ciudadanos para supuestamente evitar la explotación de mujeres pobres, estarían dispuestas a interrumpir su carrera profesional y su vida privada y familiar además de arriesgar su salud y bienestar físico y emocional sin necesidad? ¿A cuántas les apetecería pasar por el trance de explicar a sus hijos que el bebé que llevan dentro de su barriga no va a ser su hermano? Más allá de las circunstancias personales y principios morales de cada una, ¿es consciente el legislador de en qué consiste realmente un proceso de inseminación asistida, embarazo y parto; así como de todas las alteraciones físicas y psíquicas y riesgos mínimos y máximos para la salud que conlleva? El pensamiento mágico del todopoderoso altruismo palidece si nos ponemos a hablar de las complicaciones asociadas a la fecundación artificial, que es un proceso penoso que supone la hiperestimulación hormonal y una alta probabilidad de embarazo múltiple, además de las que vienen en el pack completo de cualquier embarazo natural: embolias, hemorroides, anemia, hemorragias, diabetes gestacional, ciática, hipertensión arterial y preeclampsia, eclampsia e incluso muerte. ¿Saben acaso los lumbreras naranjas qué es un prolapso vaginal, un embarazo ectópico o una episiotomía? Además, se realizan sistemáticamente pruebas de amniocentesis para garantizar la integridad genética del “gestado”, dolorosas para la embarazada y con alto riesgo de infecciones. Como hemos mencionado antes, en un altísimo porcentaje los embarazos subrogados acaban en cesárea, intervención quirúrgica con un índice de mortalidad notablemente mayor que el parto normal.

La lista de “molestias” y peligros no se acaba al dar a luz. El puerperio es duro, hay que recuperarse de las secuelas del parto, como los habituales desgarros, pueden sufrirse incontinencia urinaria de por vida, dolores pélvicos crónicos, lesiones de espalda, desprendimiento de la vejiga… Las mujeres que deben entregar al bebé a terceros inmediatamente tras el parto tendrán que inhibir con medicamentos la subida de la leche. Los riesgos psicológicos no son menores que los físicos: depresión posparto, shock postraumático, psicosis puerperal… Un continuo suma y sigue de posibles malestares.

¿Cuántas mujeres se jugarían su salud física y mental a la ruleta rusa y se someterían a tal vaivén emocional por la satisfacción de ser altruistas? Sería una cantidad anecdótica que no serviría para cubrir en ningún caso la demanda tras la normalización social de esta práctica que asimila los procesos fisiológicos de las mujeres a una mera técnica de reproducción asistida, reduciendo su cuerpo a un instrumento. El súmmum de la cosificación. La prueba la tenemos en que Reino Unido (con una legislación que permite la “gestación subrogada altruista” e incluye, a diferencia de la propuesta de Ciudadanos, un período de reflexión en el que la gestante puede reclamar su derecho de filiación sobre el bebé y el derecho al aborto durante un plazo determinado) está a la cabeza de los países europeos que más recurren al alquiler de vientres en países extranjeros en los que la gestación subrogada es una industria millonaria que explota salvajemente a las mujeres pobres, como Ucrania, Nepal o Tailandia, generando un sector económico que ya se conoce como “turismo reproductivo”. Lo mismo ocurre en Canadá, con una ley similar, debido al exiguo número de mujeres canadienses que se ofrecen a gestar para terceros.

Yo misma soy una de esas mujeres que cumplirían todas las exigencias para poder optar al “premio” de incubar un bebé para entregárselo a unos desconocidos: tengo 31 años, una hija que nació tras un embarazo plácido y un parto fácil, independencia económica, ninguna incidencia psicológica, nunca he probado las drogas (ni siquiera un cigarrillo) y mi consumo de alcohol es mínimo. Tengo una hermana con epilepsia a la que le vendría de perlas la externalización de la gestación debido a la fuerte medicación que debe tomar. Me cuesta imaginármela pidiéndome que me enfrentara a ese trance que incluiría hacer entender a mi hija que su futura hermana o hermano pasaría a ser su prima o primo al nacer, pues la considero una persona empática que bajo ningún concepto querría infligir ningún tipo de sufrimiento físico y/o emocional innecesario sobre ninguno de sus seres queridos. Y ni siquiera sería posible esta opción entre familia cuando algún miembro tiene problemas de salud, pues se excluye expresamente la consanguineidad. Descender de las nubes a los casos concretos refuta esta normativa altruista y la reduce a la excepción que confirma la regla comercial. La insistencia de Ciudadanos para que se debata su proposición antes del verano no responde a la presión social sino a la del lobby empresarial. Esto se hace más evidente si cabe si tenemos en cuenta que muchos de los países en los que los vientres de alquiler son un negocio como otro cualquiera están exigiendo la regulación de la “gestación subrogada” en el país de origen de las familias extranjeras que recurren a ellos.

Desde la óptica feminista está claro el retroceso que supondría para los derechos de las mujeres su generalización a nivel internacional. No se trata solo de escenarios como las aterradoras granjas de la India o las cláusulas abusivas que se aplican en muchos países (control de las dietas y los hábitos durante el embarazo, la obligación de vivir vigilada por los padres de intención en pisos comunales, asumir la maternidad si el bebé viene enfermo o con malformaciones, pagar gravosas indemnizaciones si no se cumplen las expectativas de los “clientes”)… sino que son los derechos reproductivos de las mujeres y su propia autonomía como seres humanos lo que está en juego. El derecho al aborto libre, irrenunciable para cualquiera que se considere feminista, es el primero en verse agredido. Un contrato que suponga la renuncia a la soberanía absoluta sobre nuestro cuerpo, por mucho que haya sido firmado voluntariamente y con afán de generosidad, debe ser nulo de pleno derecho. La dignidad humana es inalienable y un bien colectivo que no puede cederse individualmente. Es la más antigua moral patriarcal que institucionaliza a las mujeres como fábricas de herederos y madres abnegadas la que se encuentra tras este último grito de la modernidad. Cerrémosle la puerta en las narices al nuevo caballo de Troya del patriarcado, que sigue actuando justamente subrogado por las más sofisticadas innovaciones científicas y sociales. No abramos paso a la esclavitud  como opción a “elegir” y firmar.