• Berta Reventós
• Natalia Favre

Altiplanos, salinas, y lagunas en rincones escondidos. Las montañas rosadas descansan en noches de luna clara, las vicuñas pastan por la estepa y sopla un viento puro bajo el sol. Estamos en el norte de Argentina, provincia de Jujuy. Salvo unas pequeñas ciudades y la capital –San Salvador de Jujuy–, es un área eminentemente rural donde los visitantes se maravillan con paisajes singulares, algunos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La provincia se ha convertido en un punto clave para la industria turística argentina; sin embargo, su mayor fortuna no está a la vista porque yace en el subsuelo: Jujuy es rica en litio, el metal que se necesita para fabricar las baterías eléctricas de los vehículos del futuro. Los países industrializados se han lanzado a una carrera para obtener esta materia prima, esencial para la esperada revolución del transporte que debe ralentizar la crisis climática. El llamado "oro blanco" es abundante en el norte argentino; de hecho, Jujuy pertenece al "Triángulo del Litio", la mayor reserva mundial de este mineral, que concentra alrededor del 50% total y se encuentra en la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Chile.

Jujuy es, también, una de las provincias de mayor presencia indígena en el país. Más de 400 comunidades originarias viven en sus pueblos y montañas desde hace siglos, mucho antes de la ocupación colonial europea. Algunas incluso viven a varias horas de camino a pie de cualquier núcleo urbano. En los cerros construyen sus casas y se alimentan de la siembra y de los animales que crían. En las comunidades hay escuelas y, en algunas, puntos de salud; cuando no, reciben visitas médicas periódicamente. Los jóvenes se trasladan a la capital para estudiar en la universidad y, como ocurre en todo el mundo, a veces regresan a su lugar de origen, y otras no. Pero las comunidades se sostienen: generan el dinero que necesitan participando en el turismo, vendiendo el alimento que cosechan o insertándose en el mercado laboral estatal como docentes, sanitarios u otras ocupaciones. Si bien tienen un universo social, cultural y espiritual propio, los pueblos originarios viven como ciudadanos de pleno derecho bajo una Constitución Nacional que reconoce su preexistencia a la formación del estado argentino, en 1810.

En 2023, la paz se ha interrumpido en Jujuy. El pasado mes de junio el gobernador Gerardo Morales aprobó, sin previa consulta popular, una reforma de la constitución provincial que las comunidades originarias han considerado un abuso y contra la que se han levantado. El artículo 74 de la nueva ley establece que el estado "regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia". En resumen, el gobierno de Jujuy se reserva el derecho de expropiar y explotar las tierras donde viven las comunidades originarias, con el pretexto de que estas no tienen títulos de propiedad sobre las mismas: "No hay ningún papel que demuestre que las tierras donde vivimos son nuestras”, explica Nati Machaca, representante de las comunidades originarias: "Antes todo se arreglaba con tratos de palabra; así hizo mi abuelo con el pedazo de tierra donde yo vivo hoy". Las llamadas "tierras fiscales" son, de iure, públicas, pero pertenecen, de facto, a las comunidades: "Vienen ahora a por el territorio porque saben que es donde está el litio".

El gobierno de Jujuy se reserva el derecho de expropiar y explotar las tierras donde viven las comunidades originarias, con el pretexto de que estas no tienen títulos de propiedad sobre las mismas

LA RESPUESTA

Si el gobernador creía que los pueblos originarios iban a quedarse de brazos cruzados, estaba equivocado. Aunque la nueva ley también limita el derecho a protesta, las comunidades indígenas se levantaron y cortaron las carreteras que conducen a las minas de litio y a los puntos de interés turístico. En asamblea, acordaron permitir el paso a los vehículos cada tres o seis horas, según la presión que quisieran ejercer. El objetivo era forzar una respuesta del gobierno comprometiendo los dos ejes económicos de Jujuy: el turismo y la minería. Pero Morales no dio el brazo a torcer, y la noche del 17 de junio, en el corte de carretera del pequeño pueblo de Purmamarca, centro neurálgico de la protesta donde todavía permanecen miembros de las comunidades, desató una represión policial que dejó a varios heridos, entre los cuales un menor de edad que quedó sin un ojo por el impacto de una bala de goma.

"Teníamos a los bebés con nosotras y nos dispararon igual", cuenta Eva Díaz, dirigente indígena. Lejos de ahuyentarlos, la violencia institucional les dio fuerza: más personas se unieron a la lucha y se desplegó un auténtico dispositivo para sostener el corte. Abuelos, abuelas, adultos e infancias permanecieron durante días y noches en la carretera. A través de donaciones, se construyó una reserva de alimentos, se organizó un sistema de cocina, vigilancia y hasta espacios de juego para los más pequeños. Los pueblos están determinados: "Ni muertos nos van a sacar de acá. El litio es de los pueblos originarios; el territorio es nuestro".

Ni muertos nos van a sacar de acá. El litio es de los pueblos originarios; el territorio es nuestro

SIN AGUA NO HAY VIDA

Bajo la disputa territorial y el potencial desalojo de sus hogares, yace la emergencia del acceso al agua. La minería requiere un uso masivo de agua subterránea: dos millones de litros por cada tonelada de litio. El mineral es especialmente abundante en los salares y, en origen, se encuentra bajo tierra, mezclado con la sal. Las mineras cavan pozos y bombean agua para que el litio corra hasta unas piscinas artificiales donde, gracias al clima desértico de la zona, esta se evapora. Tras varias decantaciones, el mineral se separa hasta que queda listo para procesar, empaquetar y exportar. Y las piscinas quedan ahí, llenas de residuos tóxicos.

Este proceso seca la tierra y contamina el agua. Las comunidades lo sufren, porque de ella viven: "Con esa agua criamos a nuestras llamas, ovejas, cabras; y de ahí viene el queso, la carne, todo", dice una mujer, al borde de las lágrimas. "Con tierra y agua contaminadas no va a haber dinero que compre la salud de las personas", sentencia Nati. Las comunidades auguran que "se acerca la guerra del agua", y reivindican que ellas son las que cuidan "un bien preciado que es para todos, desde el que vive en la punta del cerro hasta el que vive en el barrio de la ciudad. Nosotros protegemos y respetamos a la Pachamama".

La Pachamama es la Madre Tierra, la única deidad a la que veneran los pueblos originarios. En las lenguas quechua y aimara, "pacha" significa tierra, mundo, universo, tiempo, lugar; y "mama" significa madre. En la cosmovisión indígena de los Andes, la Pachamama propicia la fertilidad del campo, madura los frutos y reproduce el ganado. También es madre de Inti, el dios Sol, y de Mama Killa, la diosa Luna. Puede generar terremotos, sequías o inundaciones cuando considera que las personas están tomando demasiado de ella. "La Pacha es nuestra única jefa: nos da trabajo y nos da de comer", dice Nati. "Hemos vivido miles de años con el litio ahí, no lo hemos tocado y no hemos sido pobres. Pero si no podemos producir nuestra comida, pronto moriremos de hambre y sed. Hoy estamos viendo lo que dentro de 10 años va a ser tierra muerta".

La forma de vida de estas comunidades busca la armonía diaria con la tierra. En el mes de agosto, la honran a través de ceremonias donde le ofrecen todo lo que ella les da: cavan un surco en algún lugar sagrado del campo que se sahúma con hierbas aromáticas, y le entregan hojas de coca, quinoa, guiso de papa, carne, vino, maíz; todo lo que de ella sale, a ella regresa, en señal de agradecimiento. "Nosotros no metemos químicos a la siembra ni inyectamos a nuestros animalitos para que crezcan más rápido: esperamos sus procesos", cuenta Salustriana, que ha venido a apoyar la lucha en Purmamarca desde La Quiaca, el último pueblo argentino antes de llegar a Bolivia. Ondea incesantemente su Wiphala, la bandera de unidad de los pueblos originarios andinos: "Sin ella no tengo fuerza", sonríe.

Hemos vivido miles de años con el litio ahí, no lo hemos tocado y no hemos sido pobres. Pero si no podemos producir nuestra comida, pronto moriremos de hambre y sed

EL "ORO BLANCO"

La historia no es nueva: hace años que las tierras del norte argentino son usadas para extraer litio. La prueba piloto fue a principios de la década de los 90 del siglo pasado en la provincia de Catamarca: el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, abastecía a Sony Electronics para la fabricación de las primeras baterías de litio-cobalto. La explotación se llevó a cabo por FMC Corporation, una empresa estadounidense fabricante de químicos que afilió a la argentina Minera del Altiplano S.A. Treinta años después, el proyecto Fénix está en manos de Livent –otra estadounidense–, y existen un total de 38 proyectos mineros en el país centrados en el litio. Por ahora, la mayoría se encuentra en estado de exploración avanzada y solo tres en producción: son el proyecto Sales de Jujuy, en el Salar de Olaroz, operado por una sociedad integrada por la australiana Alkem, que cuenta con el 66,5% de las acciones; la japonesa Toyota Tshusho (25%) y la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, JEMSE (8,5%); en segundo lugar, se encuentra el proyecto Cauchari Olaroz, operado por Minera Exar, una sociedad argentina cuyos accionistas son la china Ganfeng Lithium (46,66% de las acciones), la canadiense Lithium Americas Corp (44,84%), y la estatal JEMSE (de nuevo con un 8,5%); y, finalmente, el ya mencionado proyecto Fénix, de Livent en el 100%.

Según fuentes oficiales, Argentina produjo 33.000 toneladas de litio en el año 2022, colocándose como cuarto productor mundial después de Australia, Chile y China. Sus exportaciones llegaron a los 695 millones de dólares, un 234% más que el año anterior, pero por la baja participación de las empresas estatales, las ventas representaron apenas un 0,8% de los más de 88.000 millones que ingresó el país por comercio exterior. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció un plan de explotación del litio de cooperación público-privada el pasado mes de abril, y en Bolivia el mandatario Luis Arce mantiene el control estatal del mineral que impulsó Evo Morales en 2008. Argentina es el país del Triángulo con las regalías más bajas para empresas extranjeras: "De acá, el litio se lo llevan regalado", dice José Llanos (nombre ficticio), que en 2016 trabajaba como minero en una empresa externalizada por Sales de Jujuy.

Porcentajes a parte, José recuerda como, en la mina, la cadena de extracción y producción del litio estaba altamente fragmentada, evitando así que cualquier trabajador la conociera de principio a fin: "Nunca nos dejaron ver qué químicos se usaban ni qué cantidades de litio se extraían; nosotros solo perforábamos la tierra y bombeábamos el agua". Para él, el del litio es un negocio opaco que apenas genera beneficios a la comunidad.

Argentina produjo 33.000 toneladas de litio en el año 2022. Sus exportaciones llegaron a los 695 millones de dólares, un 234% más que el año anterior, pero por la baja participación de las empresas estatales, las ventas representaron apenas un 0,8% de los más de 88.000 millones que ingresó el país por comercio exterior

LA LUCHA LLEGA A BUENOS AIRES

Tras semanas cortando las carreteras día y noche en Jujuy sin recibir respuestas sino más represión –hasta que un total de cinco personas han quedado sin ojo–, la asamblea de las comunidades originarias decidió emprender camino a Buenos Aires para presentar sus demandas ante el gobierno nacional. Arrancando en La Quiaca, un millar de personas recorrieron 2.000 kilómetros a pie y en vehículos hasta la capital, en lo que llamaron el Tercer Malón de la Paz. La palabra "malón" deriva de la lengua mapuche: "malok" es una incursión sorpresiva a un asentamiento de colonos.

El Primer Malón de la Paz tuvo lugar en 1946, cuando las comunidades caminaron hasta Buenos Aires para exponer sus peticiones al entonces presidente Juan Perón: exigían la restitución de sus territorios, en manos de terratenientes que, además, los tenían sometidos como mano de obra barata. Perón los recibió y los acomodó en el Hotel de Inmigrantes en el puerto, el histórico primer punto de acogida de migrantes europeos de principios de siglo. Temeroso a mayores demandas indígenas, terminó desalojándolos con violencia policial y forzadándolos en un tren de vuelta al norte. El Segundo Malón tuvo lugar 60 años después en Jujuy, cuando las comunidades exigieron al gobernador Eduardo Fellner acatar una resolución judicial que preveía la devolución de 15.000 km² de tierras.

Hoy, bajo el lema "Abajo la reforma, arriba los derechos", el Tercer Malón de la Paz se mantiene firme ante el Palacio de la Justicia de Buenos Aires. Los pueblos originarios del norte argentino aseguran que no se moverán hasta que se anule la reforma de Morales y se restituyan sus derechos constitucionales. El 1 de agosto cortaron el centro de la ciudad y celebraron la ceremonia de la Pachamama entre coches, humo, ruido, y el caos de la enorme Buenos Aires: lejos de su tierra, pero conectados a ella. "Somos hijos de la Madre Tierra y vamos a defenderla hasta el final", explicaba Néstor Jérez, cacique del pueblo Ocloya: "El poder económico concentrado y el saqueo que ejercen las multinacionales están comprometiendo la vida, profundizando la crisis climática y el calentamiento global. Estos bienes naturales son garantía de equilibrio, así que esto no es solo por nosotros: es por toda la humanidad".