Para abordar las relaciones entre España, Marruecos y Argelia debemos conocer mejor la historia del Sáhara Occidental.
El 22 de abril la revista francesa Jeune Afrique publica en exclusiva que Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, se encontraba hospitalizado de urgencia en España, adonde habría entrado con una identidad falsa tras garantizar Pedro Sánchez a su homólogo argelino, Abdelmajid Tebboune, que Ghali no sería investigado por la Justicia española. El 8 de mayo el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí lanza un comunicado amenazando a España con “consecuencias” y entre el 17 y el 18 del mismo mes Rabat empuja a más de 10.000 personas a cruzar la frontera hacia Ceuta. ¿Qué ha ocurrido y qué tiene esto que ver con el gas? ¿Cuáles son las implicaciones?
Argelia es el séptimo exportador de gas en el mundo y representa en 2021 la mitad del suministro español -máximo legal que en años anteriores se ha llegado a superar-. La siguen Nigeria y Qatar, proporcionando menos del 15% cada uno. Argelia está conectada con España a través de dos gasoductos: uno a través del Mediterráneo (Medgaz) y otro a través de Marruecos y el estrecho de Gibraltar que también abastece a Portugal (Gasoducto Magreb-Europa). Pese al aumento de precios, el suministro de gas no se está viendo comprometido hasta ahora, aunque el volumen neto que le queda a España es inferior, entre otros motivos, porque España está exportando más que nunca a partir del importado. Sin embargo, el incremento de la demanda asiática obliga a España, como principal actor europeo al que se podrían añadir Portugal e Italia, a cuidar bien las relaciones con Argel especialmente ahora, para competir con China y Japón. Esto posiciona a Madrid en un delicado equilibrio entre dos archienemigos: Marruecos como país fronterizo con el que ha ido tejiendo relaciones comerciales de gran calado y Argelia como abastecedor energético.
El incremento de la demanda asiática obliga a España, como principal actor europeo al que se podrían añadir Portugal e Italia, a cuidar bien las relaciones con Argel especialmente ahora, para competir con China y Japón
Marruecos tiene, de hecho, a España como primer socio comercial y Rabat es la primera salida al exterior que hacen los presidentes españoles desde Felipe González, que en 2014 poseía 5.000 metros cuadrados de terreno contiguo al balneario del rey Mohamed VI en Tánger pero que terminó vendiendo a la Familia Real saudí antes de ver acabada la construcción de la mansión millonaria en la que planeaba veranear. La excepción a la norma fue Pedro Sánchez que, desde que fue investido en 2018, tardó seis meses en visitar al rey alauí. Y es que las relaciones entre la monarquía parlamentaria española y Marruecos se gestan antes de que hubiera incluso monarquía parlamentaria en España.
EL SÁHARA OCCIDENTAL: HISTORIA DE UNA COLONIA
El Sáhara Occidental se sitúa al sur de Marruecos y tiene una extensión poco mayor que la mitad del territorio español actual. Fue colonizada por España en 1884, que no le prestó demasiada atención hasta finales de los años 50 del siglo XX, en que algunos informes sugerían que poseía importantes recursos. Era la época de las descolonizaciones: Marruecos lo había hecho de España y Francia entre 1956 y 1959 y el auge del nacionalismo marroquí se inspiraba en los ideólogos del Gran Marruecos, que incluiría al Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí. En 1960 se promulga en la ONU la Resolución 1514 que declara la obligación de las potencias coloniales a traspasar el poder a los pueblos colonizados, que adquirían el derecho a la libre determinación. Para entonces España, miembro de la ONU desde 1955, ya había iniciado dos años antes el proceso de declarar al Sáhara Occidental como la provincia número 53 para eludir la responsabilidad de descolonizarlo, otorgando nacionalidad española a sus habitantes, algo que se oficializaría en 1961. Esto no basta para convencer a la ONU, que en 1963 considera al Sáhara territorio pendiente de descolonización y en 1965 resuelve, con los únicos votos en contra de España y Portugal, que España debía garantizar su derecho a la autodeterminación vía referéndum.
Pero España se toma su tiempo en adoptar el mandato, y las pretensiones marroquís sobre el territorio hacían sospechar que los saharauis pudieran correr un destino similar al del fronterizo Cabo Juby e Ifni, cedidos a Marruecos por España tras la guerra de 1958. Es así cómo surge en 1968 el clandestino Movimiento de Vanguardia para la Liberación del Sáhara (MVLS), de carácter independentista, que en 1970 protagonizaría una protesta en Zemla que la Legión Española sofocaría provocando varios muertos y la detención y desaparición del líder del MVLS Mohamed Sidi Brahim Basir, un periodista de 28 años con gran capacidad de liderazgo. El MVLS sería precursor del Frente Popular por la Liberación de Saguía al Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) junto a otras organizaciones de izquierda anticolonialista que convergían en 1973 en una fuerza política representante de los saharauis dispuesta para la lucha armada, si era necesario. Brahim Ghali participó de la fundación y fue su primer secretario general.
Meses después, y con el Frente Polisario causando problemas a los intereses del régimen español con acciones como el sabotaje y paralización temporal de una mina de fosfato, el ministro de Exteriores franquista declara que España, centrada en mantener la estabilidad interna en previsión de que el dictador tenía los días contados, “está comprometida con la autodeterminación del Sáhara” y en 1974 España anuncia la realización de un referéndum que Marruecos se apresuró a detener mediante la interposición de un recurso ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya al tiempo que se labraba buenos vínculos diplomáticos con Estados Unidos, Francia y Mauritania. A Mauritania le propondría la cesión de un tercio del Sáhara Occidental, el de menor productividad e interés, a cambio de su apoyo.
1975 fue el año en que se decidiría todo. El 14 de octubre, La Haya resolvería que Marruecos no tenía derechos sobre el Sáhara Occidental en una sentencia que reconocía la existencia de lazos jurídicos históricos de Marruecos con algunas tribus saharauis, lo que bastó para que Hasán II, padre de Mohamed VI, anunciase dos días después la Marcha Verde: la entrada, el 6 de noviembre, de 25.000 soldados y cientos de miles de civiles en el Sáhara para apropiárselo. De este plan, aprobado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 21 de agosto y que contaría con financiación saudí, eran conocedores los servicios de inteligencia españoles desde el 6 de octubre. Lo sorprendente es que, para cuando se ejecutó la Marcha Verde, el gobierno español no opuso resistencia alguna y, es más, los campos de minas que rodeaban el Sáhara Occidental habían sido levantados. Tampoco hizo reclamo alguno por la invasión de su territorio. Y es que entre el anuncio de la Marcha Verde y su ejecución ocurrieron una serie de hechos relevantes.
Para cuando se ejecutó la Marcha Verde, el gobierno español no opuso resistencia alguna
El 21 de octubre no fue el ministro de Asuntos Exteriores, más proclive a la autodeterminación saharaui, sino el ministro-secretario general del Movimiento José Solís, que había coincidido con su buen amigo Hasán II en alguna cacería, quien sería designado para reunirse con él en Marrakech, donde le comunicaría que estaba dispuesto a abandonar el Sáhara. A España le interesaba más un Marruecos fuerte frente a enemigos comunes como Argelia que una contienda con el país vecino. El 30 de octubre Franco es hospitalizado por una peritonitis y el entonces príncipe Juan Carlos asume interinamente la jefatura de Estado, mientras Marruecos se encontraba inmerso en el desarrollo logístico de la Marcha Verde. Juan Carlos I visita sorpresivamente a sus tropas en el Sáhara Occidental el 2 de noviembre, donde promete que “vuestro Comandante en Jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”. Entretanto, envía a Washington a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Cavajal, con el que Juan Carlos haría una fortuna en los años 80 como intermediarios en la venta de armas a países como Egipto... o Marruecos. Colón de Carvajal se reuniría con Henry Kissinger el 4 y 5 de noviembre de 1975 para conseguir apoyo americano para la Transición. ¿A cambio de qué?
Estados Unidos quería evitar que el Sáhara, alineado con Argelia, se incorporase al bloque geopolítico de la URSS. A día de hoy todavía Rusia es, dado que China asume un perfil bajo, la mayor potencia opuesta al colonialismo sobre el Sáhara Occidental y la principal vendedora de armamento a Argelia, que a su vez es proveedora del Frente Polisario. Documentos desclasificados por la CIA en 2017 revelan que Madrid y Rabat habían pactado previamente los términos de la Marcha Verde.
El 14 de noviembre se firmaría el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España se comprometía, violando la legislación internacional, a retirarse del Sáhara Occidental antes de marzo de 1976 y a ceder las minas de fosfatos y dos tercios del territorio a Marruecos y un tercio a Mauritania, a cambio de preferencia española en los acuerdos comerciales que atañen al Sáhara, desentendiéndose así España de sus responsabilidades sobre el proceso de autodeterminación. Este acuerdo no llegó a publicarse en el BOE, aunque sí fue comunicado a la ONU, que lo considera nulo en 2002. Así, para la ONU y la Audiencia Nacional, España sigue siendo desde el punto de vista jurídico la potencia administradora del Sáhara Occidental. El movimiento conjunto de España y Marruecos daría paso a una guerra de 15 años en la que Mauritania claudicaría en sus pretensiones territoriales en 1979 mientras que los saharauis serían bombardeados por los alauís con napalm y fósforo blanco. Así, en la actualidad unas 175.000 personas, un tercio de la población saharaui, se localiza en campos de refugiados en Tinduf (Argelia).
Los saharauis serían bombardeados por los alauís con napalm y fósforo blanco. Así, en la actualidad unas 175.000 personas, un tercio de la población saharaui, se localiza en campos de refugiados en Tinduf (Argelia)
La guerra concluye con la creación de una misión especial de la ONU en 1991, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que se encargaría de vigilar el alto el fuego y organizar el ansiado referéndum. Sin embargo, la obstrucción de Marruecos a su celebración -primero al acordar el censo y después al negarse a aceptar el planteamiento de la independencia y hacer incluso ceder a la ONU para negociar uno sobre la autonomía- ha logrado dilatarlo hasta el día de hoy con la inestimable colaboración de Francia como gran aliada en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no ha dudado en ejercer su poder de veto para limitar la capacidad de acción de la MINURSO. No por casualidad Mohamed VI, con una fortuna personal estimada en 5.000 millones de euros, cuenta con un palacio valorado en 80 millones a menos de diez minutos a pie de la torre Eiffel.
MARRUECOS, CADA VEZ MEJOR RELACIONADO
Actualmente el 80% del territorio saharaui se encuentra ocupado por Marruecos, mientras que la República Árabe Saharaui Democrática, sin acceso al mar, está restringida a una zona mayormente desértica por un muro de miles de kilómetros y millones de minas. Allí operan empresas de seguridad españolas como Indra, mientras la compostelana Urovesa vende ilegalmente a Marruecos los vehículos blindados con los que reprime las protestas saharauis. La arena de múltiples playas canarias procede del Sáhara, pero el recurso más importante es el fosfato, mineral fundamental para la industria de fertilizantes: los yacimientos saharauis convierten a Marruecos en el primer exportador del mundo, con el 70% de las reservas mundiales. El Sáhara Occidental posee además tierras de gran provecho agrario y un prolífero banco pesquero: de allí provienen gran parte de las hortalizas “marroquís” disponibles en los supermercados o el polbo á feira tan identitario de la gastronomía gallega. El 96% del comercio de pescado de la UE con Marruecos, principal proveedor a España, se realiza en aguas saharauis, en las que todavía faenan embarcaciones españolas y de otros países -la reciente sentencia del TJUE que establece que los acuerdos europeos con Marruecos sobre estas aguas y el territorio saharaui son ilegales todavía no es firme-. Como dato extra, existe una disputa territorial entre España y Marruecos por un solapamiento entre el procedimiento de ampliación de aguas canarias iniciado por España ante la ONU, y la ampliación de aguas marroquís -en realidad saharauis- publicada en el Boletín Oficial de Marruecos el 30 de marzo de 2020.
Marruecos ha sabido trabajarse con una mentalidad a largo plazo unas potentes relaciones internacionales. Con el Reino Unido ha firmado, a propósito de la cuestión energética, un acuerdo para la construcción de un gran cable submarino a través del cual una planta solar y eólica suministrará desde Marruecos electricidad para abastecer a 7 millones de hogares británicos a partir de 2029. Mientras que más de 80 Estados reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como país y la ONU considera al Frente Polisario legítimo representante del pueblo saharaui, el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos a pocos días del fin del mandato de Trump ha supuesto un importante respaldo para el gobierno alauí. A cambio del reconocimiento estadounidense, que se añadía al francés, Marruecos se comprometía a reconocer a Israel y reestablecer lazos con él, momento desde el que se suceden las noticias sobre el afianzamiento en la relación y acuerdos económicos como el de exploración de hidrocarburos en aguas marroquís, incluyendo a las saharauis y por tanto la zona en disputa entre Marruecos y España, así como diversos acuerdos armamentísticos que están permitiendo a Marruecos posicionarse como potencia militar. La fuerza diplomática de Marruecos no gusta nada a Argelia, que se perfila en África como cabeza visible y económicamente fuerte del bloque de países favorables a Palestina y el Sáhara Occidental.
Marruecos ha sabido trabajarse con una mentalidad a largo plazo unas potentes relaciones internacionales
Mientras tanto, España mantiene con Rabat una diplomacia basada en importantes acuerdos comerciales y complicidades, pero de perfil bajo en la defensa de sus intereses. Muestra de ello es que los reyes hubieran evitado visitar Ceuta y Melilla en las giras de 2014, con motivo de la coronación de Felipe VI, y 2020, al concluir el confinamiento. Marruecos tiene pretensiones sobre las ciudades autónomas y la presencia de autoridades españolas en ellas ha supuesto crisis diplomáticas en años anteriores. Marruecos reiteradamente las reclama como suyas ante la ONU y durante años ha estado haciendo calar en su población el mensaje de pertenencia mediante campañas propagandísticas. Y no solo en su población, también en la de Ceuta y Melilla: Mohamed VI además de monarca es una autoridad religiosa que, como Comendador de los Creyentes, preside el Consejo de los Ulemas. En Ceuta y Melilla alrededor del 50% de la población es musulmana. Marruecos controla la totalidad de las mezquitas melillenses y gran parte de las ceutís, y paga los sueldos del personal religioso, que generalmente oficia las celebraciones en árabe pese a que no todos lo entienden. España habría tratado de contrarrestar la influencia del Ministerio de Asuntos Religiosos marroquí en Ceuta y Melilla apoyando a la rama islámica del Tabligh, de carácter rigorista, lo que se traduce en un mayor riesgo de radicalización, especialmente en barrios azotados por la pobreza, la exclusión y el narcotráfico. En los últimos años el Tabligh habría perdido apoyo institucional en Ceuta a la par que algunos imanes argelinos moderados empiezan a hacer de contrapeso a Rabat en Melilla. Cinco días después del respaldo estadounidense a Marruecos sobre el Sáhara Occidental, el Primer Ministro marroquí Saadeddine Othmani declararía que “Ceuta y Melilla serán puntos sobre los que inevitablemente habrá que abrir el debate”.
LA ALAMBRADA COMO EXTORSIÓN
En este contexto de respaldo de grandes potencias, Marruecos emprende en mayo de este año una ofensiva contra España -otra más- con el envío masivo de migrantes a Ceuta como represalia por prestar asistencia humanitaria a Brahim Ghali tras acordarlo con Argelia. Medios de comunicación marroquís achacarían a la “debilidad de las fuerzas de seguridad españolas” la llegada de migrantes a la “Ceuta ocupada”, pese a que para lavarse las manos España tiene contratada a Marruecos la vigilancia de las fronteras y las ayudas europeas a Rabat para este propósito ascienden a 13.000 millones de euros desde 2007. El chantaje serviría como elemento de desgaste para el Ejecutivo español -la ministra de Exteriores González Laya sería cesada en julio en el marco de la reforma de la cartera ministerial-.
Esta campaña de desgaste llegaba apenas una semana después de reunirse Pablo Casado con el secretario general del histórico partido ultranacionalista Istiqlal, Nizar Baraka, y con el entonces ministro de Agricultura y Pesca y actual Primer Ministro, Aziz Ajanuch, un magnate petrolero al que en Marruecos solo supera en patrimonio el propio Mohamed VI. Para entonces, Marruecos ya había amenazado a España con consecuencias. Sin embargo, en el comunicado del Partido Popular a propósito de la reunión se destacaba la importancia del comercio con Marruecos, se pedían explicaciones al Gobierno por la entrada de Brahim Ghali en España -pese a tener ciudadanía española-, y se recriminaba que la primera salida de Pedro Sánchez no hubiera sido a Rabat.
El gesto de Marruecos contra España involucraba jugar con la vida de las miles de personas que cruzaban la frontera. Entre ellas, una gran cantidad de niños enviados en autobuses escolares sin previo aviso a las familias. Muchos fueron manipulados con que iban a ver a Messi o a Cristiano Ronaldo, o a una excursión, o a una fiesta en España. Cientos de personas engañadas intentaron regresar a sus hogares inmediatamente por todos los medios durante los días que se alargó el proceso de devolución. Ceuta recibió 4.400 llamadas de familias marroquís que buscaban a sus hijos. El Parlamento Europeo condenaría a Marruecos por este uso de los menores. Tampoco faltó quien cruzó la frontera esperando encontrar unas condiciones de vida mejores en España, y la ley de extranjería española se lo impidió. Hubo varias víctimas mortales.
Ceuta recibió 4.400 llamadas de familias marroquís que buscaban a sus hijos. El Parlamento Europeo condenaría a Marruecos por este uso de los menores
En plena crisis, España reabría, como pedía Marruecos, una querella por genocidio contra Brahim Ghali archivada en 2014 por falta de pruebas que nuevamente quedaría en agua de borrajas, y ultimaba otro pago de 30 millones a Rabat para controlar la inmigración y el narcotráfico en la frontera -Marruecos es el primer productor mundial y exportador a Europa de resina de cannabis y de ahí procede el 72% del incautado en España-. El regreso de Brahim Ghali a Argelia el 1 de junio generó expectativa por la reacción de Marruecos, que no hizo nuevos movimientos. Sin embargo, Rabat mantiene a Madrid sin embajadora desde que llamó a consultas a Karima Benyaich el 18 de mayo: lo que verdaderamente busca Marruecos es que España siga los pasos de Estados Unidos y modifique su postura acerca del Sáhara de pedir una solución negociada, negándoles el derecho a la libre determinación, por la del reconocimiento sin ambages de la soberanía marroquí sobre el territorio.
Hubo un elemento llamativo en todo esto y fue la filtración a
Pero hubo un elemento llamativo en todo esto y fue la filtración a Jeune Afrique del traslado de Brahim Ghali, en condiciones de máxima discreción entre España y Argelia. La revista, próxima al régimen alauí, no había tardado ni cuatro días en publicar la exclusiva. Marruecos precisaría, incluso, que habrían sido cuatro los generales argelinos implicados. ¿Había un topo? “No, imposible”, debieron pensar en Argel. Ni 20 días se demoró el Presidente de Argelia en firmar un decreto por el que se conminaba a las empresas argelinas a prescindir inmediatamente de cualquier clase de software marroquí.
ARGELIA DICE BASTA
Todo apunta a que la tesis del espionaje era correcta. El consorcio de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional revelarían en julio que más de 50.000 dispositivos móviles habrían sido seleccionados para ser potencialmente espiados por diferentes Estados con el spyware israelí Pegasus. Entre ellos, 10.000 habrían sido vigilados por Marruecos, de los que unos 6.000 se corresponderían con móviles argelinos, incluyendo a altos cargos políticos y militares, lo que provocó el enfado de Argelia. En el listado figuraban 13 jefes de Estado como Macron, 14 ministros franceses y el propio Mohamed VI -lo que ha levantado sospechas sobre que habría sido autorizado por él mismo por desconfianza de su propio entorno-, pero también una gran cantidad de activistas marroquís y periodistas, como los corresponsales españoles Ignacio Cembrero y Sonia Moreno, cuyas experiencias personales de acoso por parte del reino alauí dan para otro artículo. En el caso de Sonia constan ya 64 grabaciones telefónicas registradas por Marruecos desde abril de 2020 hasta finales de año.
Pero, por si los ánimos no estaban suficientemente caldeados, en el mismo mes de julio el embajador marroquí en la ONU hace circular un documento en apoyo al derecho de autodeterminación de los cabilios. Lo cabilios son un grupo amazigh de habla bereber situado al norte de Argelia que históricamente había protagonizado revueltas independentistas, pero cuyas aspiraciones y capacidad movilizadora han perdido fuelle en las últimas décadas. Sin embargo, el Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia (MPAK) ha tenido cierto protagonismo en las recientes protestas del Hirak argelino que surgen en respuesta al autoritarismo del Estado. En el mes de mayo Argelia, que acusa a Marruecos de financiar al MPAK, lo califica de organización terrorista tras el desmantelamiento de una célula que, según las autoridades, planeaba atentados. Esta misma calificación le merece al Estado argelino el grupo islamista conservador Rachad, también integrante del Hirak y ambos apoyados por Rabat.
El movimiento de Marruecos solo podía entenderse como la provocación de un país envalentonado por el respaldo diplomático del que dispone, habida cuenta de que un verdadero intento por desestabilizar a Argelia apoyando a los cabilios y buscando un efecto de arrastre sobre los tuareg (al sur del país) permearía también al interior de las fronteras marroquís, donde los rifeños -también amazigh- son mucho más activos en sus demandas democráticas y nacionalistas y tienen muy reciente la represión brutal marroquí del ciclo de protestas de 2016 y 2017, con penas de prisión astronómicas, torturas y víctimas mortales por manifestarse. Fue la gota que colmó el vaso.
La consecuencia fue la ruptura argelina de las relaciones diplomáticas con Rabat el 24 de agosto. Inmediatamente cerraba su espacio aéreo a Marruecos -la frontera terrestre lleva cerrada desde 1994-. El 26 de agosto el ministro de Energía argelino anunció que no renovaría la exportación de gas a España y Portugal a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME), de manera que Rabat dejará de percibir el 31 de octubre el 7% del valor de ese gas por derechos de paso -lo que debido a la subida del gas supone para Marruecos la pérdida de unos ingresos de cientos de millones de euros-. La ruptura con Marruecos también contribuiría al creciente deterioro de las relaciones con Francia.
El ministro de Energía argelino anunció que no renovaría la exportación de gas a España y Portugal a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME), de manera que Rabat dejará de percibir el 31 de octubre el 7% del valor de ese gas por derechos de paso
El 60% del gas que Argelia exporta a España lo hace hasta ahora a través de ese gasoducto, mientras que el 40% restante lo hace a través de Medgaz, que no pasa por Marruecos. En el mes de enero finalizará la ampliación de Medgaz acordada en 2020 por la que se aumenta su capacidad en un 25%, pero no parece que esto vaya a bastar para compensar la pérdida del suministro vía GME: España se quedaría sin el 15% del total de sus importaciones gasísticas. El 29 de septiembre el ministro de Exteriores José Manuel Albares viajó a Argelia para asegurar el abastecimiento, que no quiere que su movimiento se vea como un acto hostil desde España y ha asegurado que no habría problemas en este sentido.
Sin embargo, y aunque Albares se ha mostrado satisfecho, la promesa de compensar la pérdida de gas por tubería con buques de gas natural licuado (GNL) supone un mayor riesgo de cuellos de botella en torno a la capacidad de licuefacción de gas por parte de Argelia y a la cantidad de buques metaneros disponibles, sobre lo que también deberá competir España con la demanda asiática. Los viajes a China y Japón son más rentables y ya durante el invierno pasado hubo algún barco cargado de GNL previsto para España que se desviaría a Asia. Además, a priori -Argelia ha prometido que no será así- implica un incremento del precio que España deberá pagar por el gas, debido al transporte y el proceso de licuefacción y posterior gasificación -además de resultar más contaminante-. En ese caso el encarecimiento podría trasladarse a la factura de la luz, pero no necesariamente, puesto que las distintas centrales de ciclo combinado obtienen gas de diferentes fuentes y podrían estarse dando situaciones por las que, para obtener un mayor margen de beneficio, aquellas que están produciendo electricidad a partir de gas por tubería ya estén fijando el precio en función de las que lo hacen solo a partir de GNL, con lo cual el resultado sería simplemente un recorte de estos beneficios.
El objetivo de la decisión argelina es perjudicar a Rabat: la tubería proporciona también el 45% de la demanda de gas marroquí y permite generar el 12% de la demanda eléctrica, mayoritariamente en la central térmica de ciclo combinado de Tahaddart de la que Endesa es propietaria en un 20%. Abengoa también gestiona una importante central termosolar en Ain Beni Mathar, que genera el 10% de la energía marroquí combinando la energía solar y, en menor medida, el gas como combustible para mover las turbinas con vapor. Desde que Argel advirtió en una reunión extraordinaria del Alto Consejo de Seguridad argelino que revisarían las relaciones con Rabat, Mohamed VI no tardó ni tres días en dedicar buenas palabras a Madrid, mostrándose dispuesto a abrir una nueva etapa “inédita” de relaciones. Y es que al mes siguiente Marruecos pediría a España la reversión de GME para recibir de España el gas que ésta importe por otras vías desde Argelia, algo que ya están negociando, aunque hay quien teme que aceptar el acuerdo pueda complicar el abastecimiento interno.
Y no solo eso, también podría enfadar a Argel. Es probable que este haya sido uno de los asuntos tratados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera en su viaje a Argelia el 27 de octubre. La ministra habría explorado, por ahora sin éxito, si había alguna posibilidad de evitar el cierre del Gasoducto Magreb-Europa, aunque según ha comunicado en rueda de prensa la reunión se ha centrado en asegurar la disponibilidad de los barcos metaneros necesarios “con arreglo a un calendario que tenemos que precisar en la mejor manera posible”.
Marruecos podría pedir además a España que aumente el suministro eléctrico a través de los cables interconectores submarinos que unen a los dos reinos, aunque esto debería tener poca repercusión al tener una capacidad total inferior al 1% de la producción eléctrica española.
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