• Jessica Lara

Según Naciones Unidas, "ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos y privados”. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres debería ser una cuestión de Estado en cada parte del mundo. No obstante, a día de hoy queda mucho camino por recorrer para implementar políticas que se hagan cargo de las dimensiones estructurales de la violencia contra las mujeres y para alcanzar un nivel de sensibilización que haga tomar conciencia de esta violencia específica, sistemática y sistémica.

En la primera parte de este especial sobre las violencias que sufren las mujeres se llevó a cabo un análisis sobre España. En este caso y a lo largo de las siguientes líneas recorreremos América Latina, y para ello será imprescindible la visión de algunas mujeres que conforman el Movimiento Feminista de esos países desde sus distintas profesiones y ámbitos de actuación.

Colombia: "No sólo nos amenaza lo que amenaza a todas las mujeres sino unas armas que están ahí para hacer respetar ese orden natural de las cosas".

En Colombia, las mujeres no sólo enfrentan la violencia derivada de una sociedad patriarcal sino las consecuencias de un conflicto armado que utiliza sus cuerpos como armas de guerra y que las somete a un continuum de violencias, una de ellas es la violencia sexual. Un documento elaborado por la Ruta Pacífica de las Mujeres de 2013 recoge testimonios de mujeres que "narran esta experiencia como arbitrariedad y un ejercicio brutal de poder por parte de los perpetradores, hombres, que causa dolor y aterroriza a las mujeres. De los testimonios se desprende que la violencia sexual ha sido una práctica frecuente, y que ha sido parte, aún con diferentes modus operandi, de la coacción sistemática por parte de los actores armados utilizándose como arma de guerra".

En Colombia, las mujeres no sólo enfrentan la violencia derivada de una sociedad patriarcal sino las consecuencias de un conflicto armado que utiliza sus cuerpos como armas de guerra

El cese de dicho conflicto armado no ha hecho desaparecer el temor a las armas provocando que las mujeres levanten la voz sintiendo aún el miedo de ser acalladas de un disparo.

Esta revista ha hablado con Liliana Forero, consultora en temas de violencia contra las mujeres y la niñez que hace diez años empezó a formar parte de la Iniciativa Pro Equidad cuyo fin, tal como lo describe ella misma, es lograr un marco institucional y social para la abolición de la explotación sexual y reproductiva, una forma brutal de violencia contra las mujeres que aparece normalizada y bajo un marco legal en determinados países que no atienden a los actores claves para que exista esta forma de esclavitud y que hacen distinción entre dos realidades indisociables como prostitución y trata; un error de base ya que como afirma la socióloga Silvia Chejter, "la trata es una de las formas más frecuentes o generalizadas de reclutamiento de mujeres para ser prostituidas".

Forero habla sobre la prostitución en Colombia para advertir de la confusión que se crea por la vía de las sentencias como por ejemplo la Sentencia 629 de 2010 y la Sentencia 594 de 2016: «En Colombia la inducción a la prostitución y la trata con fines de explotación sexual están penalizadas. Sin embargo, por la vía de las sentencias de tutela/amparo se ha generado la confusión y la idea de que las mujeres pueden ser prostituidas en lo que en esas sentencias se ha llamado trabajo sexual”. Otro intento fue el Proyecto de Ley 079 de 2013 (ya archivado) que habla de prostitución “no forzada” y la define así: «Se entiende por prostitución aquella actividad mediante la cual una persona presta servicios sexuales a otra u otras personas, física o virtualmente, a cambio de una remuneración».

Conviene aclarar en este punto varios aspectos; por un lado, mostrar quiénes son los actores del sistema prostitucional para determinar como relevante la variable sexo ya que las personas prostituidas son en una amplia mayoría mujeres y los prostituidores siempre son hombres teniendo presente que, como apunta la socióloga Rosa Cobo, la prostitución se sitúa junto al narcotráfico y la industria armamentística entre las economías ilícitas. Por otro lado, resulta contradictorio el contenido del mencionado Proyecto de ley 079 que en su Artículo 1 dice que el objeto es "garantizar la dignidad de las personas que ejercen la prostitución no forzada, a partir del reconocimiento de sus derechos como sujetos de especial protección constitucional"; ya que precisamente con la existencia de la prostitución se está violando la dignidad humana de las mujeres y por lo tanto se está cometiendo violencia a través de un acto de deshumanización que les niega su reconocimiento como sujetos. Para enmarcar esta aseveración desde el marco de los Derechos Humanos el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena establece lo siguiente en su preámbulo: "Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad".

En este punto cabe preguntarse cómo se lucha contra la "prostitución forzada" si en principio se legitima que los hombres puedan disponer de las mujeres para usarlas sexualmente a cambio de dinero; o cómo se lucha contra la impunidad del proxenetismo si no hay un marco claro donde las mujeres prostituidas sean consideradas víctimas y por el contrario proliferen asociaciones promotoras de lo que nombran como "trabajo sexual", normalizando la violencia sexual contra las mujeres. Forero comenta para este medio las llamadas "zonas de tolerancia", espacios donde se tolera la explotación sexual y reproductiva. El sentido de esta legislación a base de sentencias y proyectos tiene un objetivo según refiere Liliana Forero: "Generar discurso y la idea de que es un debate, que no hay claridad, delito, violencia y derechos humanos sino que es un asunto de opinión". Así todo es válido y las consecuencias se traducen en una situación nefasta para las mujeres que son privadas de sus derechos y libertades más elementales.

Volviendo a la definición de la prostitución decía "servicios sexuales a otra u otras personas, física o virtualmente" y se hace necesario detenerse en el aspecto virtual sobre todo en un momento donde lo virtual se ha incrementado debido a la pandemia del Covid-19 dando como elemento positivo una mayor conexión entre mujeres y asociaciones de distintas zonas, pero también ha hecho posible, como recuerda Forero, que se den otras formas de violencia como la violencia sexual virtual a través de la webcam, siendo Colombia el segundo país después de Rumanía donde las mujeres recurren a esta forma de "prostitución virtual" para ganar dinero.

Al hacer un recorrido desde aquel 25 de noviembre de 1980 sí se observa este día como un momento de reivindicación promovido por la Casa de la Igualdad de Bogotá. No obstante, Liliana Forero transmite su preocupación con la llegada de lo denominado "autodeterminación del género" ya que se pierde el sentido y principio de la lucha. Así, el delito de feminicidio, algo relativamente reciente en el país, se recoge en la Ley 1761 de 2015 que establece: "Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género".

Liliana Forero explica cómo las sentencias, la Comisión Interamericana y de ahí la Corte Constitucional se impregnan de los principios de Yogyakarta, estableciendo la base jurídica de las decisiones que se tomen en referencia al colectivo LGTBI, aunque se tienda a confundir dos conceptos básicos como sexo y género. Así en el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el nombre Violencia contra personas LGTBI en 2015 se recoge: "la asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, a las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales […] Podemos utilizar el conocimiento científico para ayudarnos a tomar la decisión, pero sólo nuestras creencias sobre el género -no la ciencia- pueden definir nuestro sexo". Y es que en el documento de los Principios de Yogyakarta se define "identidad de género" como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales".

Los Principios de Yogyakarta son el resultado de una reunión celebrada en 2006 en esta ciudad de Indonesia y a la que acudió un grupo seleccionado de personas de varios países, a título personal y vinculados a organizaciones promotoras de la autodeterminación del género.

Los gobiernos de algunos países, entre los que está Colombia o Argentina, utilizan estos principios de Yogyakarta como un instrumento jurídico internacional que no tiene tal validez ni reconocimiento desde las Naciones Unidas. Lo que sí queda establecido como instrumento internacional vinculante es la CEDAW, adoptada de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificada por 189 países convirtiéndose en el instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU (por detrás de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por 196 países), y que le otorga un importante y contundente mandato de carácter internacional que expresa la necesidad de luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas preservando sus derechos humanos.

Esta Convención es clave ante el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así lo expresan desde ONU Mujeres: "El cumplimiento de la CEDAW y los avances en la Agenda 2030 se refuerzan mutuamente. La implementación de los ODS contribuye a acelerar el cumplimiento pleno y efectivo de la CEDAW para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo, al mismo tiempo que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas son requisitos indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Por primera vez, la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas es parte central de la Agenda de Desarrollo en todo el mundo".

En cuanto a los términos "sexo" y "género", el Proyecto de Recomendación general N.º 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer aclara en el punto 4: "El objetivo de la Convención es eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer por motivos de sexo. Garantiza a la mujer un reconocimiento igualitario, así como el goce y el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, doméstico o de otro tipo, independientemente de su estado civil, y en condiciones de igualdad con el hombre". Continúa en el siguiente punto: «El término "sexo" se refiere aquí a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. El término "género" se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer».

Esta determinante legislación constata la importancia que tienen las implicaciones de cada categoría en el desarrollo de una legislación específica en materia de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo.

Una de las demandas que se han reiterado en las reivindicaciones de las mujeres ha sido el derecho al aborto que cuenta recientemente con la sentencia de la Corte Constitucional que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, situando a Colombia como uno de los países con una legislación más amplia en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Siguiendo con el análisis de la situación de las mujeres en el país, esta revista se ha comunicado con Alejandra Vera, directora de la corporación Mujer, denuncia y muévete, que nace, tal como la directora lo cuenta, de la necesidad de luchar contra las formas de violencia en los cuerpos de las niñas y las mujeres, sobre todo en el contexto de conflicto armado y migración. Llevan más de cuatro años en el territorio con 15.000 mujeres, especialmente migrantes y víctimas de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia.

Colombia cuenta con varias leyes para erradicar la violencia contra las mujeres como la LEY 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 para la violencia sexual y la mencionada Ley 1761 de 2015 para el delito de feminicidio. Precisamente Alejandra Vera es representante a nivel nacional del seguimiento de la Ley 1257. Comenta que en los últimos tres años han estado evidenciando cómo el crimen y el delito que se presentan en los cuerpos de las niñas dejan muchos daños. El trabajo que llevan a cabo es arduo, pero también es constante y poco a poco ven resultados: «Hemos logrado entender este fenómeno que es histórico en nuestro territorio. Cómo las mujeres en contextos de vulnerabilidad, pobreza extrema, las campesinas, las mujeres indígenas, cómo la única opción que tienen para sus vidas es la venta de sus cuerpos. Hemos tratado de generar conciencia dentro de la institucionalidad, de las organizaciones civiles y dentro de los grupos de mujeres». Alejandra Vera asegura que es un proceso difícil debido a la estructura delictiva y criminal que está tan fortalecida y que conforma una parte de la constitucionalidad y de grupos de organizaciones civiles: «precisamente es una maquinaria inmensa los que tienen los recursos para que dentro de los territorios las mujeres tengan esas lógicas de los derechos: prostituirse, la webcam, explotación reproductiva... En el territorio de la frontera niñas y mujeres son captadas y las redes siguen operando».

En Mujer, denuncia y muévete rescatan a esas mujeres y niñas, realizan jornadas de atención en derechos, cuentan con atención psico social y se sitúan en una línea de prevención en los territorios más afectados por la criminalidad. Y su bandera es el abolicionismo, una bandera que une a mujeres feministas de otros países que van a la raíz de la opresión por ser mujeres.

Argentina: Las organizaciones de mujeres empiezan a aparecer en marchas a partir del #NiUnaMenos. Explota por la cantidad de feminicidios que hubo.

Aunque a priori puede parecer sencillo establecer la diferencia entre sexo y género y la importancia de conocer las implicaciones que tienen ambas categorías en la vida de las mujeres no es fácil trasladar esto a la población cuando la mayoría de la población está sumida en la pobreza y su prioridad es sobrevivir, sobre todo las mujeres.

Así lo transmiten Rosana López y Dolores Martínez, militantes de Trece Rosas con las que se ha comunicado Kamchatka. Decía Rosana López que el ajuste económico en Argentina es muy grande y que casi el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Concretamente según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su informe del primer trimestre de 2021, el 40,6% de la población (11,7 millones de personas) vive bajo el umbral de la pobreza.

En otro informe, realizado en este caso por Oxfam Intermón y publicado en enero de 2022 bajo el nombre Las desigualdades matan, se destaca que conjuntamente 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe; «Desde el inicio de la pandemia, ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo cada 26 horas. Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas mientras que, según se estima, más de 160 millones de personas han caído en la pobreza. Mientras tanto, se calcula que cerca de 17 millones de personas han perdido la vida a causa de la COVID-19, una magnitud de muertes sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial».

En este estudio también se destaca que «al menos 67 000 mujeres pierden la vida cada año a causa de la mutilación genital femenina, o asesinadas a manos de su pareja o expareja. La violencia de género está arraigada en el patriarcado y en sistemas económicos sexistas. Asimismo, se estima que hay 143 millones de mujeres menos en el mundo de las que deberían por la combinación del exceso de mortalidad femenina y el aborto en función del sexo del feto (por la preferencia de hijos varones). En 2020, el exceso de mortalidad femenina se estimó en 1,7 millones, y el de abortos por razones de sexo en 1,5 millones».

Las cifras de la violencia contra las mujeres son demoledoras. Hay una legislación internacional que obliga a los Estados a tomar medidas para erradicarla y sin embargo en la práctica no protege a las mujeres. Y son las mujeres las que enfrentan las consecuencias no sólo de vivir en una sociedad patriarcal sino en un sistema económico marcado por el capitalismo neoliberal donde también sufren una violencia económica fruto de una constante brecha salarial, jornadas de trabajo interminables, salarios precarios y por asumir casi en su totalidad los cuidados sin recibir por ello remuneración.

Al preguntar a las compañeras de Trece Rosas acerca del 25N, el día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer la respuesta es clara y desoladora: «La conciencia social vinculada a la violencia contra la mujer es muy baja». Dolores Martínez habla de la convocatoria 3J, que es como se conoce a la marcha Ni Una Menos que surge en 2015 tras la cantidad de feminicidios cometidos en el país y que desde ese año reúne a las mujeres argentinas cada 3 de junio; aunque asegura que ninguna de las tres marchas (8M, 3J y 25N) convoca a las multitudes debido a la pandemia y por la prioridad de manifestarse por comida. Como dice Dolores Martínez, el 3J pasó a ser mucho más potente que el 25N. Otra marcha que movilizó a las mujeres del país fue la que exigía el derecho al aborto, que toma protagonismo a partir del Ni Una Menos, y aquí Rosana López asegura que a pesar de ser «una medida progresista que se venía peleando desde los 70, fue usada por el gobierno para tapar otros problemas como la desocupación, la miseria y la prostitución». De hecho, fue en 2007 cuando se presenta un proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se desestimó en ocho ocasiones. La ley aprobada en diciembre de 2020 recoge que es un derecho de «las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar» reflejo de la adhesión de Argentina a los ya mencionados Principios de Yogyakarta.

La conciencia social vinculada a la violencia contra la mujer es muy baja

En este punto tanto Rosana López como Dolores Martínez transmiten su preocupación por la tendencia del gobierno abiertamente regulacionista ya que no se penaliza al prostituyente y esto se traslada a las marchas: «Las organizaciones del 8M y del 25N están dominadas, hegemonizadas, por la lógica regulacionista». A esto hay que añadir el llamado “borrado de las mujeres”: «No hay mujeres y hombres porque podemos tener documento no binario. Se pretende borrar los dos grandes elementos de lucha y conflicto social y subordinación en la sociedad: la clase y el sexo en aras de los beneficios de los mismos de siempre porque cuando se elimina la lógica del sexo como fundamento de la subordinación y se elimina la diferencia de clases sociales estoy cagando los derechos de las mujeres de la clase obrera».

Ellas mismas hacen una pregunta y la responden: «¿Por qué el borrado de las mujeres nos va a complicar la existencia? Si desaparece la categoría mujer cómo vamos a saber cuántas mujeres mueren, cuántas casas con una sola madre luchando contra viento y marea, sola y pobre».

Dolores Martínez sigue narrando cómo es la violencia contra las mujeres en poblaciones como Jujui donde todas las semanas asesinan a una mujer; en Argentina cada treinta horas una mujer es asesinada. Según el Observatorio de Feminicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación en su informe 2020 se recoge que se han cometido durante todo el año 2020 un total de 295 feminicidios. Atendiendo a los datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” desde enero hasta octubre de 2021 se perpetraron 227 feminicidios. Argentina cuenta con Ley 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Las militantes de Trece Rosas informan acerca de la elaboración de un Proyecto de Ley de Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos. En esta ley aclaran y explican cuáles son los actores del sistema prostitucional y detallan el objeto de esta ley que van a presentar este año, donde se puede destacar como medidas establecer garantías para las mujeres que hayan sido prostituidas o personas que puedan serlo como niños, niñas y adolescentes dotándolas de derechos y servicios para que puedan salir de ahí. Otro punto crucial es desalentar y sancionar la demanda de prostitución, promover que es el actor principal para que exista el sistema prostituyente, considerando que la prostitución es violencia; en este sentido incluir a las mujeres prostituidas en las políticas que están dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las políticas públicas contemplan políticas de prevención, educativas y de protección. También es determinante impulsar cambios económicos, culturales y legales con el fin de que se puedan cumplir los objetivos.

Por otro lado, Rosana López y Dolores Martínez declaran que seguirán defendiendo los derechos de las mujeres basados en el sexo unidas a feministas de otros países como España donde forman parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

Y dentro del país continuarán fortaleciendo el Movimiento Feminista. Como se ha referido anteriormente, el pañuelo verde, símbolo de la lucha por la despenalización del aborto y antes de esto el movimiento Ni Una Menos, unió a las mujeres a marchar en las calles y todas ellas celebraron esta conquista, contagiando la fuerza de la reivindicación de esta marea verde a su país vecino, Chile.

Chile: No se puede entender lo que ha ocurrido a nivel de política institucional sin entender el movimiento social, como ha sido histórico siempre entre el movimiento feminista.

Chile está viviendo un momento histórico. Un gobierno que liderará en 2022 Gabriel Boric con una notable presencia de mujeres en sus gabinetes (14 mujeres y 10 hombres) y una Asamblea Constituyente paritaria para elaborar una nueva Constitución que deje atrás un texto heredado de la dictadura de Pinochet.

Esta revista ha hablado con Marcela Aedo, licenciada en ciencias jurídicas, profesora de derecho e investigadora en la Universidad de Valparaíso que ha analizado para Kamchatka la legislación desarrollada en el país en materia de violencia contra las mujeres.

Si el movimiento por el derecho al aborto llevado a cabo en Argentina fue significativo para Chile, la marcha Ni Una Menos supuso un punto de inflexión en el país. Tal como lo cuenta Marcela Aedo, «el antecedente más importante de cómo se gestó una nueva ola de feminismo en Chile fue el antecedente del Ni Una Menos en Argentina. Hubo un movimiento muy fuerte a propósito de los femicidios en Argentina; eso fue en 2015 y después en 2016 llegó una ola de impacto del movimiento acá en Chile y en 2017 se aprobó el aborto en tres causales».

Cuenta la abogada que históricamente había existido el llamado “aborto terapéutico” si la mujer se encontraba en alguna situación de riesgo. No obstante, en el año 1989 se eliminó ese artículo y el aborto quedó prohibido en todos los casos convirtiéndose Chile en uno de los cinco o seis países en el mundo que no permitía el aborto en ninguna circunstancia. Fue en 2017 cuando se aprobó el aborto en tres causales bajo el gobierno de Michelle Bachelet, un hecho que se consiguió gracias al trabajo liderado por mujeres que llevaron ese proyecto y como refería Aedo también por el impulso del movimiento en Argentina: «fue muy significativo de cara a poder tocar la norma, el ejemplo de norma prohibitiva y que vulnera la posibilidad de decidir de las mujeres en cuanto a sujetos de derecho».

Marcela Aedo comenta que «esta vinculación del movimiento social y lo político institucional ha impregnado de velocidad a una serie de reformas que han sido bien importantes. Y específicamente en relación a la violencia contra las mujeres».

La forma de visibilizar la violencia contra las mujeres parte de los noventa pero centrada en el ámbito íntimo y privado. Por ello como recuerda Aedo, gran parte de la política ha estado orientada en el concepto de violencia intrafamiliar, en Chile y de manera general en América Latina.

La primera ley de violencia es del año 1994 y aunque «fue un gran logro de visibilizar la violencia contra la pareja como una vulneración de los Derechos Humanos, de alguna manera se ha ido quedando estancada esta mirada “familista”, como que hay violencia contra las mujeres cuando hablamos de VIF (violencia intrafamiliar)». Los requisitos técnicos eran conviviente, matrimonio o tener hijos e hijas en común.

Después del 2005 se llevó a cabo una modificación que prohibió los acuerdos y la conciliación, ya que antes existía la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes donde casi el 60% de las causas terminaban en conciliación. Por ello, en 2005 se dictó una ley, vigente hoy día, que prohibió esa conciliación. Sin embargo, como señala Aedo, existe la llamada “suspensión condicional”, que tiene lugar al llegar a la Audiencia donde el hombre reconoce lo que ha hecho y ese procedimiento se suspende en el plazo de un año bajo la condición de que él no se acerque a la víctima, manteniendo una medida de alejamiento. Así el agresor evita la condena y el registro en el sistema de antecedentes. Por su parte las mujeres se acogen a esta posibilidad porque su prioridad es conseguir de inmediato medidas de protección.

Continuando con la radiografía del sistema legislativo que elabora Marcela Aedo, uno de los problemas observados en materia de violencia contra las mujeres es, por un lado, que tiene denominación de “violencia intrafamiliar” y por otro lado que se trata de una competencia dual donde se puede encontrar los Tribunales de familia y los Tribunales penales. Los primeros se encargan de delitos que no impliquen violencia física y establecen de forma más rápida medidas de protección. Los segundos se encargan de hechos constitutivos de delitos que se puedan probar como una marca física. ¿Y qué ocurre con la violencia psicológica? También es constitutiva de delito ya que se generó un tipo penal tras el trabajo del mismo equipo que lideró el proceso del aborto; entre las reformas se encuentran la figura del maltrato psicológico, aunque en la práctica sea más difícil. Así en 2005 se generó la figura de “maltrato habitual” que reconoce el maltrato reiterado en el tiempo dándole un mayor valor jurídico.

Uno de los problemas observados en materia de violencia contra las mujeres es, por un lado, que tiene denominación de "violencia intrafamiliar" y por otro lado que se trata de una competencia dual donde se puede encontrar los Tribunales de familia y los Tribunales penales

Llegó 2011 y con este año la Ley 20480 que aprobó el femicidio íntimo que contemplaba estar casada y la convivencia, incorporándose después cónyuge, excónyuge, conviviente y exconviviente. Para Marcela Aedo esto supuso la primera legislación importante en términos de visibilidad: «Yo soy profesora y en mi propia experiencia te diría que cuando se incorporó el femicidio yo empecé a escuchar a mis alumnos hablar de femicidio; muchos decían que para qué si esa figura ya estaba, pero se empezó a incorporar en el lenguaje jurídico y por lo tanto se le empezó a dar visibilidad […] Dar palabras y nombrar porque si nombramos le vamos a dar realidad, vamos a poder codificar tú y yo lo mismo». Sin duda esta toma de conciencia empezó a marcar el camino: «A partir de ahí comienza a emerger una serie de avances legislativos que de alguna manera han visibilizado la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres. Y no sólo en el espacio privado sino en el espacio público. Empezaron a visibilizar las situaciones de acoso sexual, acoso laboral; después de aprobarse el femicidio comenzó de alguna manera a aprobarse como una batería de legislaciones que tenían por objeto proteger la vida y la integridad física de las mujeres».

De nuevo una modificación y un paso más, Ley 21013 del 6 de junio de 2017. Modificaciones a la Ley VIF (20066). Aedo recuerda que se trata del mismo año en que se aprueba el aborto y el mismo equipo dentro del Ministerio de la Mujer que junto al Ministerio de Justicia sacaron la ley del aborto en tres causales, que consiguió aumentar las penas para el maltrato habitual. Aquí se incorporó el maltrato psicológico, maltrato físico y la figura del maltrato en sede penal. Y recientemente (2020) la Ley N. 21.212 que modifica el Código Penal, el Código Procesal y la Ley No 18.216 en materia de femicidio, conocida como Ley Gabriela por el caso de Gabriela Alcaíno, una joven asesinada junto a su madre por su exnovio. Tras este asesinato machista se amplía la figura de femicidio, superando la figura del femicidio íntimo donde se contempla haber tenido una relación y también ampliando por “razón de género”.

Marcela Aedo destaca un proyecto presentado a finales de 2016 en el que trabajaron dos abogadas a las que la entrevistada quiere reconocer por su trabajo como son Elisa Walker y Claudia Sarmiento, plasmado en el Proyecto de Ley sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín 11.077-07), «que tiene una parte conceptual que recoge los conceptos de la Convención Belém do Pará y en los primeros preceptos del proyecto se habla que hay que entender este fenómeno como parte de una relación de subordinación histórica. Tiene casos conceptuales que están totalmente en concordancia con el marco internacional, tenemos presente la CEDAW, pero también nuestro caso latinoamericano donde es súper importante la Convención Belém do Pará (1996); y en esta convención ya se reconocen los distintos tipos de violencia: violencia en el espacio público, la violencia en el espacio privado, la violencia física, psicológica, económica y también la violencia institucional que es importante porque en definitiva reconoce que el Estado también puede ser agente de violencia; cuestión súper importante para las mujeres y las niñas que están privadas de libertad, o que están institucionalizadas como hogares de menores, psiquiátricos, violencia sexual que se ejerce respecto a estas mujeres».

Este proyecto presenta normas relativas a la educación, políticas públicas, ámbito sanitario o en el ámbito de los medios de comunicación, aunque aún está en la segunda fase de discusión.

Lo más reciente (2021) es incorporar una legislación que regula el acoso sexual y discriminación de género en espacios de educación superior y que fue propiciado por los movimientos sociales emergentes tras el Ni Una Menos dentro de las universidades: «Las chicas pararon las clases, se tomaron las escuelas y fue una cuestión muy compleja». Ese mismo año también se llevó a cabo el monitoreo telemático en materia de violencia intrafamiliar; aquí se trató de implementar las medidas cautelares de protección como el uso de la tobillera o el brazalete.

En cuanto a los feminicidios, atendiendo al registro del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se trata de 44 feminicidios consumados en 2021 y 8 feminicidios al 17 de febrero de 2022. En el caso de los feminicidios frustrados se encuentran 163 en el año 2021 y un total de 16 en el mismo periodo anteriormente mencionado para el año 2022.

Para finalizar, Marcela Aedo resalta la importancia de ser nombradas, de que se respete la palabra “mujer” y que se visibilice la discriminación que viven las mujeres por ser mujeres. Y por supuesto que las mujeres estén en los lugares decisivos para que se produzca un cambio real en la sociedad: «Veo un avance en la Constituyente que va de la mano del movimiento social. Sin eso no tendríamos un gabinete paritario con la mayoría de mujeres; ha ido de la mano del Movimiento Feminista. Eso no asegura la transformación cultural porque nuestro país es sumamente machista, pero que en la Constituyente las niñas vean en los medios a las mujeres es un avance».

México: Los niveles de violencia están llegando a un punto donde podemos hablar de crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y generalizado.

Cada 25 de Noviembre las mujeres de México salen a las calles para exigir una vida libre de violencia y como cada año se lleva a cabo una campaña durante 16 días que se extienden hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

México cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), con la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008) y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007). De igual modo México ha ratificado la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Sin embargo, asistimos a una violencia contra las mujeres que se manifiesta de diversas formas y que se acrecienta y se normaliza sin que provoque una respuesta incontestable por parte del Estado.

Esta revista ha hablado con Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).

La entrevista comienza con unas cifras demoledoras, las de los feminicidios. Estos asesinatos de mujeres por el hecho de serlo aumentan y así lo refleja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que determina que en 2021 se han cometido 966 feminicidios, siendo el año anterior 949 y en 2015 un total de 412, una comparativa en el tiempo que hace ver el notable aumento.

Los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo aumentan y así lo refleja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que determina que en 2021 se han cometido 966 feminicidios

En el caso de mujeres asesinadas de manera violenta se notifican 2.746 asesinatos de mujeres en 2021, un total de 2.792 en 2020 y volviendo al 2015 una cifra de 1.734 asesinatos. Teresa Ulloa comenta que hay un problema en cómo se registran los feminicidios en las estadísticas oficiales que tiene que ver, según apunta, en cómo las fiscalías tipifican el delito y con la idea de bajar la incidencia del feminicidio en México.

El aumento de la violencia contra las mujeres se encuentra también en la violación. Continuando con la fuente anterior el año pasado se registraron 21.189 violaciones, en 2020 fueron 16.544 y en 2015 un total de 12.619. A pesar de estas estadísticas alarmantes la impunidad está por encima del 98% según confirma Teresa Ulloa, y esto tiene que ver, con la aplicación del derecho patriarcal y la falta de sensibilidad de quienes administran justicia. Así lo constata el informe Desaparición de mujeres, adolescentes, niñas y niños en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas con ese u otros fines que recoge: “es posible afirmar que existe un importante aparataje legal que no necesariamente se ve reflejado en el ejercicio de la justicia. Habiendo leyes completas y complejas, existe una muy baja persecución, judicialización y condena de los delitos tipificados”.

La directora de CATWLAC, que cuenta con más de 50 años de profesión, agrega a lo anterior la falta de preparación de quienes integran el Instituto Nacional de las Mujeres y el bloqueo de planes específicos que se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres o el Plan Nacional para Prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas ya que «no se reconoce ni la trata ni la explotación sexual o laboral o incluso los matrimonios forzosos de las niñas indígenas». Y continúa aseverando que el presidente emprende «medidas populistas que no modifican las condiciones estructurales reales que propician la falta de oportunidades, la discriminación y la violencia contra las mujeres». Con todo esto «los niveles de violencia están llegando a un punto donde podemos hablar de crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y generalizado». Hay que tener presente que tanto la CEDAW (artículo 6) como la Convención Belém Do Pará (artículo 2) reconocen la trata y la prostitución como formas de violencia a erradicar.

Otra violencia brutal que el gobierno pasa por alto es aquella que se corresponde a los matrimonios forzosos a los que son sometidas las niñas indígenas en el marco de lo que llaman “usos y costumbres”. Teresa Ulloa comenta que las comunidades indígenas tienen constitucionalmente autonomía para llevar a cabo sus usos y costumbres y que sean respetados; concretamente estamos ante lo que se conoce como “el pago de la novia” y que ha quedado registrado en el trabajo realizado por Ulloa en 5 Estados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Vera Cruz. También en Sierra Norte de Puebla: «Hemos detectado niñas que desde los 8 años y hasta los 17 años son entregadas bajo este usos y costumbres que se llama “pago de la novia”, y lo más grave es que luego encontramos a niñas, esposas, en Tijuana, en Ciudad de Juárez siendo explotadas sexualmente que llegaron como esposas. O incluso madres niñas porque las embarazan y se quedan con las criaturas como una manera de presionarlas para que entreguen la cuota que les exigen a diario, de lo contrario no pueden ver al niño o a la niña».

Ulloa también denuncia la ambigüedad del Gobierno Federal con respecto a la prostitución considerándola un trabajo o cómo la Corte Suprema de Justicia está impulsando abrir la puerta a la explotación reproductiva, los llamados vientres de alquiler o en eufemismo “gestación subrogada”. Aquí se destaca otra violencia ejercida contra las mujeres como la violencia institucional que como comenta la experta no es tan palpable como la violencia psicológica o las amenazas y sobre la que hay que incidir más a pesar de tener puntos favorables como sentencias de la Corte Interamericana como la de “Campo algodonero”, que condena al Estado de México como responsable en la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, halladas sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001; o el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas violadas por miembros del ejército mexicano. Teresa Ulloa añade que «hay otras sentencias de la Corte donde le exigen al Gobierno de México que tome una serie de medidas que no ha tomado y que no se están volviendo una realidad. Las sentencias de la Corte Interamericana deberían ser vinculantes».

Otro aspecto preocupante son las desapariciones. Al cierre de 2021 son 80.000 personas desaparecidas de las cuales 32.000 son mujeres y niñas y que está determinado por Estado según la presencia de la delincuencia organizada en palabras de Teresa Ulloa. De este modo, en Tamaulipas, Sinaloa o en Jalisco el mayor número de desaparecidos son hombres, mientras que en los Estados del centro del país como Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Estado de México o Hidalgo el mayor número de desaparecidas son mujeres y niñas. Ulloa hace referencia a la Alerta Amber, acrónimo de America’s Missing: Broadcasting Emergency Response (Desaparecidos en América: emisión de respuesta de emergencia), un dispositivo que tiene una vigencia de 15 días para buscar a las niñas desaparecidas, pero que no logra recuperar al total de 25 niños y niñas que desaparecen a diario. Desaparecen niñas y niños reclutados por los cárteles y desaparecen mujeres para la trata y explotación sexual o por ser víctimas de feminicidios. «Está todo muy difícil y un presidente que lo niega todo, como los matrimonios forzosos de niñas indígenas porque dice que estas comunidades indígenas son muy buenas. Entonces, ¿cómo empujas una política pública que busca resolver un problema si desde la tribuna más alta del país él lo niega?».

Denunciar la violencia contra las mujeres tiene consecuencias para las defensoras de los derechos humanos y para las periodistas, que quedan desprotegidas por el Estado al igual que las víctimas; es el caso de Digna Ochoa, abogada y defensora de los derechos humanos que había sido amenazada y que finalmente fue asesinada en su despacho en 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió una sentencia acusando al Estado de México por la deficiente investigación que cargó la responsabilidad a la víctima y que estableció que se había tratado de suicidio. En el caso de periodistas cabe mencionar a Lydia Cacho que fue secuestrada y torturada por destapar una red de explotación sexual a menores y que en la actualidad vive exiliada en España.

La realidad es dura, aunque hay una resistencia por parte del Movimiento Feminista a las políticas que no atienden a las problemáticas de las mujeres y que intentan invisibilizar también dichas problemáticas. Y es desde aquí, desde la determinación de las feministas que se quiere parar lo que muchas feministas llaman “el borrado de las mujeres” y que ya se ha comentado en este reportaje. En este caso se trata de una reforma a la Constitución que borra la palabra “mujer”. La LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad quería aprobar el dictamen el pasado 25 de Noviembre para que el texto hiciera modificaciones en dos artículos. Por un lado, en el artículo 4, cambiando “La mujer y el hombre son iguales ante la ley” por “Toda persona es igual ante la ley”. Y en su artículo 34 que actualmente recoge: “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos…” por “Son ciudadanas de la República las personas que, teniendo la calidad de mexicanas…”.

La antropóloga Marcela Lagarde se ha pronunciado al respecto y en una entrevista para Cicmanoticias destacó: «Estamos trabajando y logramos, por fin, después de mucho tiempo, que varios de estos marcos normativos, incluso leyes, tengan como destinatario, como sujeto de la ley, a las mujeres y ahora hay una intención de echar para atrás estos avances». Una de estas normas en la que las mujeres son sujetas de derechos es la referida línea arriba, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta iniciativa para eliminar la palabra “mujer” de la Constitución se sitúa en la misma línea que llamar a las mujeres que se acogen a su derecho al aborto “personas gestantes” y esta neolengua supone pasos atrás en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres al invisibilizar a su sujeto y con él las problemáticas que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres en base a una desigualdad estructural. Y esa desigualdad estructural es la que pretende combatir el Movimiento Feminista ya que como decía la filósofa Celia Amorós, el feminismo es la lucha por la igualdad entre varones y mujeres en tanto que seres humanos ya que las mujeres no quieren lo identitario masculino sino entrar en la categoría de lo genéricamente humano.

El Salvador: El Movimiento Feminista Latinoamericano ha surgido tras las dictaduras militares que hemos enfrentado. Toda esa experiencia y trayectoria sirve para todo lo que hemos venido haciendo y entender que es importante la articulación, salir juntas, ese acuerpamiento de las otras, ir en manada para ser menos vulnerables.

La República de El Salvador cuenta con leyes para combatir la violencia contra las mujeres como la aprobada en 2012, la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Y recientemente la Asamblea Legislativa aprobó el 18 de junio de 2020 la reforma a la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia Penal que tiene que ver con el monitoreo de agresores a través del uso de brazaletes que se ofrecen como protección a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. A continuación se verá cómo es en la práctica y para ello esta revista ha mantenido una conversación con Montserrat Alvarado, Directora Ejecutiva de Mujeres Transformando que cuenta cómo a pesar de tener leyes muy buenas que se han conseguido gracias al Movimiento Feminista y asumidas por los mecanismos de Igualdad del Estado su aplicación está basada en esa óptica patriarcal donde los jueces asumen esa visión dando lugar a la revictimización y a la defensa de los agresores. Alvarado denuncia la falta de albergues para mujeres que sufren violencia y destaca el machismo y la misoginia que impregnan los tribunales.

Como dato positivo menciona condenas en materia de violencia digital: «En el tema de la violencia digital se han logrado antecedentes importantes de sentencias a hombres que están violentando a mujeres, pero no obstante ante el machismo imperante las mujeres siguen enfrentando violencia».

En estos momentos donde lo virtual se ha hecho más presente, la violencia virtual se extiende constituyendo una nueva forma de violencia contra las mujeres que hay que conocer para enfrentarla de inmediato. Según Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): «La violencia digital se ha extendido de forma devastadora. Es implacable, se suele ejercer de forma anónima y no tiene fronteras. Según algunas estimaciones, el 85% de las mujeres han sufrido violencia digital o han sido testigos de ella. Como ocurre con otras formas de violencia, las supervivientes pueden presentar desasosiego, depresión o pensamientos suicidas». Son muchas las consecuencias de la violencia virtual y Natalia Karem continúa: «La violencia digital está llevando a las mujeres a desconectarse como única forma de escapar de dicha violencia. Cuando las niñas deben interrumpir su educación o cuando parlamentarias electas no pueden desempeñar sus funciones al ser el blanco de múltiples ataques en línea, se están violando sus derechos. Ello supone, además, que todos tengamos que prescindir de sus capacidades y de su liderazgo en nuestras sociedades».

Ante este escenario virtual es importante mencionar nuevamente la pandemia provocada por el Covid- 19 que ha hecho que se incremente la violencia virtual y también la violencia en el hogar. Alvarado arroja datos preocupantes: «Durante la pandemia, cuando estuvimos en la cuarentena aumentaron los casos de violencia contra las mujeres exponencialmente; las denuncias aumentaron como un 300% de casos de violencia de mujeres que estaban enfrentando en su casa la cuarentena con su agresor. También hubo feminicidios en ese contexto. Y ahora que hemos salido de la cuarentena y que estamos haciendo la vida como se puede con el virus los casos de violencia siguen estando, y los feminicidios».

A todo esto hay que añadir un nuevo actor en la violencia contra las mujeres, el Estado: «El Estado impulsa campañas de odio contra las defensoras de derechos humanos, activistas, mujeres que se atreven a cuestionar políticas estatales […] Son organismos del Estado contra aquellas voces feministas y mujeres críticas hacia la manera de gobernar».

El Estado impulsa campañas de odio contra las defensoras de derechos humanos, activistas, mujeres que se atreven a cuestionar políticas estatales

Esto da lugar a las represalias que se traducen en denuncias penales en fiscalía que cuando determinan que no hay delito se inicia persecución hacia jueces y juezas que son destituidos de sus cargos. Según apunta Montserrat Alvarado, la actuación del gobierno pone en peligro la separación de poderes ya que ese oficialismo controla la Asamblea legislativa, el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

La violencia estatal carga contra las asociaciones feministas: «Es como una campaña de desgaste hacia el movimiento. Es un aparataje inmenso que se dedica a generar opinión pública sin pruebas y dejan mala imagen: las organizaciones son corruptas, malversan fondos… Así que es un contexto donde las feministas salvadoreñas estamos trabajando y que se ha precarizado más. Antes enfrentábamos alguna represalia por maridos enojados o por grupos de control territorial, grupos delincuentes o crimen organizado en los territorios, o empresas que son denunciadas… Ahora les agregamos el tema del Estado».

Los feminicidios y las desapariciones de mujeres aumentan y, sin embargo, hay una reticencia a usar la figura del feminicidio. Cuenta Alvarado que se han creado juzgados especializados de violencia contra las mujeres, con juezas que han recibido procesos de sensibilización y de formación pero que se resisten a usarlo catalogando los feminicidios de homicidios, algo que empieza a cambiar con el Movimiento Feminista: «Cada vez más está siendo utilizada la figura del feminicidio y hay que destacar una lucha importante del Movimiento Feminista que no ha quitado el dedo del renglón exigiendo».

Y si hay reticencia a nombrar la violencia contra las mujeres también la hay a perseguir a los feminicidas fomentando la impunidad; esto se hace a través de la figura del “testigo criteriado”. Se trata de negociar con la justicia a cambio de colaboración, aunque esos sujetos que inician esa negociación sean los mismos asesinos confesos.

Ante esta cuestión cabe preguntarse cómo es la conciencia social. Hay conciencia social a base de procesos de sensibilización tras el conocimiento de casos de violencia que han salido a la opinión pública gracias a los familiares de las mujeres, al Movimiento Feminista y por contar con periodistas, sobre todo mujeres como señala Alvarado, muy sensibilizadas, que también son feministas y abordan estos temas con mucho interés.

En el Salvador la violencia contra las mujeres también se manifiesta en la prostitución, en la violencia verbal, en el acoso callejero y en los abusos sexuales dentro de la familia con un alto índice de embarazos en niñas y adolescentes que han sido violadas. Las violaciones son elevadas pero el registro no se hace fácil ya que hay miedo y vergüenza a denunciar. A esto hay que añadir que el aborto está prohibido en cualquier circunstancia en El Salvador y que como lamenta Montserrat no hay esperanza de que eso cambie ni a corto ni a largo plazo y que lejos de eso se pedía el aumento de penas: «A través de un ejercicio de defensa se ha logrado ir sacando de la cárcel a algunas de las mujeres que están privadas de libertad, acusadas de aborto cuando lo que han tenido son emergencias obstétricas. Eso sí se ha logrado, pero es un esfuerzo de las organizaciones con abogadas y abogados sensibles más que con una política estatal. Imagina ese montón de niñas que han enfrentado embarazos no deseados y por tanto son niñas que tienen el riesgo de tener complicaciones obstétricas porque su cuerpo no está preparado para un embarazo. Corren el riesgo de ir a la cárcel».

Como se ha referido al principio de esta entrevista Montserrat Alvarado forma parte de Mujeres Transformando, una organización de mujeres que da asistencia a las trabajadoras de El Salvador en la defensa de sus derechos laborales, especialmente las trabajadoras de las maquilas.

Al conversar acerca de la situación de las mujeres en las maquilas emerge algo que se ha acrecentado con la pandemia, la precariedad: «La pandemia ha venido a precarizar más el trabajo. Las obreras tienen que trabajar en medio del virus. Las maquilas son espacios sumamente sobrepoblados, con hacinamiento y hay mucho más riesgo de contagio del virus. Y también durante la cuarentena de 2020 los pedidos disminuyeron. Se pararon cosas, eso generó pérdidas de salarios importantes en las mujeres. En los meses de cuarentena se suspendieron los contratos dejando a las trabajadoras de las maquilas sin ninguna prestación que trajo situaciones de hambruna. A día de hoy las condiciones siguen siendo precarias, retiran bonos, pagas extra usando el pretexto de la crisis de la pandemia para seguir precarizando aún más la situación laboral».

Alvarado señala la opacidad del gobierno en cuanto al acceso de cómo se manejan las finanzas públicas y cómo a veces el incentivo a ciertas empresas no garantiza que ese beneficio repercuta en la misma trabajadora. Por ello trabajan para un fondo de desempleo que ayude a las mujeres ante situaciones como las vividas estos años.

Sin duda en el avance para políticas que asuman los derechos de las mujeres está el trabajo en red para poner en común las realidades de cada país y las propuestas para seguir consiguiendo derechos: «El Movimiento Feminista Latinoamericano tiene una trayectoria de lucha en red. Cada dos años estamos haciendo los encuentros feministas de América Latina y el Caribe donde articulamos, debatimos, vamos construyendo y viendo las realidades de todas, viendo por dónde se incide en los Estados […] El Movimiento Feminista Latinoamericano ha surgido tras las dictaduras militares que hemos enfrentado. Toda esa experiencia y trayectoria sirve para todo lo que hemos venido haciendo y entender que solas somos más débiles, que es importante la articulación, salir juntas, ese acuerpamiento de las otras, ir en manada para ser menos vulnerables. Eso siempre se mantiene».

Conceptualizando el feminicidio: Asesinato misógino de mujeres por hombres.

Para llevar a cabo una definición de feminicidio y el posterior análisis del término con el objetivo de conceptualizarlo es imprescindible traer a Marcela Lagarde que da las claves en la introducción del libro Feminicidio: Una perspectiva global, editado por Diana Russell y Roberta A. Harmes.

La antropóloga feminista explica cómo tomó el término de un seminario que impartió Diana Russell en 2004, quedando sorprendida por la influencia de esa concepción en México y en América Latina, y cómo está incorporada tanto en el debate académico y en los medios, así como en el enfoque y en el nombre de la Comisión de la Cámara de los Diputados. Lagarde al traducir “femicide” lo hizo como feminicidio y no como femicidio para que no fuese interpretado sólo como homicidio: «Mi intención fue aclarar, desde el término mismo, feminicidio, que no se trata sólo de la descripción de crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres, sino de la construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura. Analizado así, el feminicidio es un crimen de Estado, ya éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida. En esta situación, como plantea Diana Russell, algunas mujeres son asesinadas».

El término feminicidio se utilizó por primera vez en 1801 para denominar el asesinato de una mujer. Diana Rusell lo usó pensando que sería un término adecuado para el asesinato misógino de mujeres y le da esta definición: «Asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres». Rusell lo empleó por primera vez al testificar en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas en 1976. Fue en 1990, junto a Jane Caputi, cuando lo definió como: «el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres».

A lo largo de estas páginas se ha aplicado diversas formas de referirse al feminicidio, empleando indistintamente ambos términos, femicidio y feminicidio. También se ha hecho evidente que en la legislación predomina la figura del feminicidio en el ámbito íntimo de la pareja, aunque se ha ido ampliando.

La violencia contra las mujeres es un hecho en cada parte del mundo y responde a una estructura en la sociedad donde predomina la ideología machista y la misoginia, el desprecio hacia las mujeres. El feminicidio es la punta del iceberg de una violencia contra las mujeres que adquiere diversas formas y que se va normalizando y ahí, en la misma conceptualización del término, se aprecia la esencia de la violencia que emerge de ese odio y desprecio hacia las mujeres consideradas inferiores a los hombres cuya creencia de superioridad ha sido constituida en la sociedad patriarcal a través del androcentrismo y su posición hegemónica propia de la jerarquía sexual.

La violencia contra las mujeres es un hecho en cada parte del mundo y responde a una estructura en la sociedad donde predomina la ideología machista y la misoginia, el desprecio hacia las mujeres

No se puede cambiar aquello que no se reconoce y ponerle palabras es un primer paso para ese reconocimiento que lleva a saber qué se está enfrentando, siendo la única manera de tomar conciencia de la magnitud del problema. En Feminicidio: Una perspectiva global Natalie Nenadic reconoce a la activista feminista Asja Armanda como la primera que nombró feminicidio a la violencia sexual ejercida por los hombres serbios contra las mujeres croatas en Bosnia-Herzegovina durante su guerra civil:

«Nenadic apunta que la adición de la palabra feminicidio a nuestro vocabulario feminista hizo posible que Armanda y otras mujeres reconocieran que el gran número de asesinatos y violaciones misóginos contra mujeres que ocurrían en esta región del mundo, y que formaba parte deliberada y sistemática de la estrategia de guerra de los serbios, constituía un horrendo crimen en masa contra las mujeres único en el mundo». Las mujeres sobrevivientes contactaron con la abogada Catharine Mackinnon y al considerar el feminicidio como un crimen distinto y separado del genocidio, Mackinnon incluyó crímenes específicos en contra de las mujeres víctimas en Croacia y Bosnia-Herzegovina.

Se ha mantenido de manera reiterada la idea de que la violencia contra las mujeres debería ser una cuestión de Estado. Y es ese Estado el que no da las garantías suficientes a niñas y mujeres para que puedan realizar sus proyectos de vida y acceder a las mismas oportunidades que los hombres en condiciones de seguridad como ha establecido Marcela Lagarde que insiste en que «el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden».

El Movimiento Feminista en América Latina se va consolidando y las mujeres cada vez más toman conciencia de ese orden patriarcal, de la necesidad de establecer redes y de seguir defendiendo los derechos de las mujeres basados en el sexo para poder revertir una opresión histórica que se ha sustentado bajo un sistema de dominación universal y longevo en palabras de la escritora feminista Kate Millett.