• J. Manuel Sanchez

“Si el punto de partida, tras estudiar la prostitución y las causas que la originan, es que esta práctica social es una forma deseable de vida y no puede ser definida como una forma de explotación sexual, entonces la conclusión lógica es legalizar y reglamentar la prostitución. Si, por el contrario, se considera la prostitución una forma inaceptable de vida, resultado del sistema de hegemonía masculina, vinculada a la dominación patriarcal y que vulnera los derechos humanos de las mujeres al convertir su cuerpo en una mercancía y en un objeto para el placer sexual de otros, entonces se concluye la imposibilidad de su legalización”.

La académica y teórica feminista Rosa Cobo en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, sostiene que la legalización de la prostitución en algunos países y la casi absoluta libertad de mercado están ampliando los límites de la industria del sexo, “hecho que coloca a niñas, adolescentes y mujeres de regiones del mundo con elevadas tasas de pobreza, con una cultura de desprecio a las mujeres y con el deseo de aumentar el consumo familiar, en una situación de ‘entrega y venta’ a las redes de tráfico”. A este respecto añade que “la globalización neoliberal y la ausencia de controles al mercado por parte de los estados ha hecho posible el crecimiento de la industria del sexo y ha facilitado el desarrollo de la economía criminal. La suma de estos factores hace que millones de niñas y mujeres se conviertan en mercancías para esta industria y para el uso sexual de varones de todo el mundo”.

Cobo mantiene que "la legalización de la prostitución debe verse como un test para medir en qué medida la sociedad está mercantilizada”. Se pregunta hacia dónde debe dirigirse la sociedad y habla de casos como el de Alemania, donde se legalizó la prostitución hace años y se han hecho menos de 100 contratos a las trabajadoras del sexo, que son miles. A lo que aduce una astuta reflexión: "Si hoy en día las empresas procuran no hacer contratos a sus empleados, ¿crees que se lo harían a estas mujeres?". También recuerda que "un 90% de las personas que ejercen la prostitución no tienen papeles, así que no se les puede hacer un contrato".

Para la filósofa, la solución ideal sería "que se hiciesen políticas públicas para que estas mujeres puedan acceder a espacios laborales que no las erosionen. Se tiene que penalizar al cliente, nunca a las mujeres, pero siempre después de elaborar estas políticas".

Este es el modelo que inspiró a Suecia, del que fue pionero y que ha conseguido aplicar con notable éxito, pues con sus frutos ya sanos y maduros ha podido demostrar al mundo entero que es efectivo. Se trata del paradigma de la abolición a a ojos del mundo, modelo al que ya se han sumado Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte, Francia y Noruega. En contraposición a este, Alemania representa uno de los referentes en cuanto a regularización de la prostitución, puesto que ha llevado este modelo a su extremo más salvaje.

Alemania: paraíso de los puteros e infierno de las mujeres

Alemania aprobó una ley en 2002 para regularizar la prostitución con el objeto de convertirla en un trabajo reglamentado y que las mujeres prostitutas pudieran acceder a los mismos derechos sociales que atesora cualquier otro trabajador.

Quince años después de aprobar la ley, el país se ha convertido en un parque temático sexual para compradores de sexo de todo el mundo. Nos encontramos con una industrialización de la prostitución a gran escala dentro del territorio teutón que, lejos de ahuyentar el comercio ilegal y prevenir el tráfico de mujeres como pretendían, se ha visto multiplicado gracias a este modelo. Las condiciones de trabajo de las mujeres prostitutas en lugar de mejorar se han ido degradando hasta límites insospechados.

El plan alemán ha conseguido justo lo contrario de lo que se proponía. Al legalizar el comercio sexual y no sancionar al putero, la demanda ha crecido exponencialmente. Hace quince años se estimaba que había 400.000 mujeres en la prostitución. Hoy, muchos oficiales de policía afirman que el número se ha incrementado en al menos un 30%.

Tras quince años de actividad legalizada, la prostitución ha dejado su poso en la sociedad y ya forma parte de la cultura alemana, pues está insertada de tal forma que a una mujer se la identifica como una cacho de carne a disposición de los hombres. Y esto es lo que pasa si se permite tratar a la mujer como un objeto de consumo más, de la misma forma que a una lata de cerveza o una goma de borrar. En el barrio rojo de Frankfurt te puedes encontrar anuncios como este: “por 70€ se ofrece a los clientes una cerveza, una salchicha y mujeres ilimitadas”.

La prostitución se ha banalizado hasta tal punto que ha incurrido en una peligrosa y estremecedora realidad: la violencia contra las mujeres se está institucionalizando y ahora todas las mujeres, putas o no, están en una situación de vulnerabilidad máxima, pues la misoginia está haciendo de las suyas y la cultura de desprecio a la mujer cabalga a sus anchas. Se está normalizando que la mujer es un objeto que cualquier hombre puede manipular a su antojo.

Esta información está respaldada por unos estudios oficiales de la Doctora alemana Igeborg Kraus, que arroja unos datos tan espeluznantes como repugnantes. Esta investigación viene a confirmar el estrepitoso fracaso del proyecto alemán sobre prostitución y deja en evidencia al modelo regulacionista, como ejemplo que no hay que seguir si se pretende alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

El paradigma sueco: si se quiere, se puede

El modelo sueco ha demostrado que se puede abolir la prostitución, pues sus eficientes resultados ya reposan sobre la mesa para que el resto del mundo los coteje y se convenza de que, aún dejando al margen los derechos humanos y la moral de cada uno, ya no solo es posible erradicar esta práctica, sino que además es el sistema que más favorece a las prostitutas a corto y largo plazo.

En contra de lo que piensan y mal difunden sobre el modelo nórdico organizaciones como Amnistía Internacional - debido su ignorancia y notoria desinformación - en ningún caso se penaliza a la mujer prostituta, porque en Suecia la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. Es al demandante de servicios sexuales a quien se sanciona con cárcel de hasta 6 meses o multa, porque se tipifica este delito como «violencia remunerada», una medida notablemente disuasoria para ahuyentar a cualquiera que tenga intención de comprar a una mujer. 

La ley de Prostitución en Suecia consiste en penalizar al comprador de estos servicios, que es estipulado como un explotador de mujeres. Esta es una de las premisas del proyecto sueco que, además de coincidir con la realidad, se contempla así con la intención de crear una conciencia efectiva en la población, de que el prostituidor es sinónimo de violador. Suecia ha conseguido que un putero sea despreciado por la sociedad, y lo más difícil todavía, que se considere un apestado en lugar de un ‘machote’ por los propios hombres. Justamente lo contrario que ha fomentado Alemania con su enfoque.

Donde antes se culpabilizaba a la víctima, que era la prostituta - así sigue ocurriendo en el resto del mundo - ahora esta es inocente y el prostituidor, quien compraba sus servicios, hoy es tan culpable de la esclavitud de mujeres en el mundo como cualquier proxeneta, no solo al tratar a una mujer como mercancía para su uso y disfrute, sino por contribuir al enardecimiento de las mafias y sus consiguientes violaciones de los derechos humanos de millones de mujeres.

¿Cómo han logrado darle la vuelta a la tortilla y que la sociedad acepte esta inversión de papeles? La respuesta es compleja, pero hay varias claves. Hay que partir de la premisa de que Suecia ha sido líder en promover la igualdad de las mujeres durante mucho tiempo. En 1965, penalizó la violación dentro del matrimonio. En los Estados Unidos, en contraste, en la década de 1980 había estados que aún no habían hecho ese reconocimiento fundamental del derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo.

Hay que recordar que Suecia también destaca por tener la más elevada proporción de mujeres en todos los niveles del gobierno. En 1999, cuando aprobó la trascendental ley sobre prostitución, el Parlamento sueco estaba conformado casi en un 50% por mujeres.

La política sobre prostitución de Suecia fue originalmente diseñada por las organizaciones de albergues para mujeres. Después la promovieron y lucharon por ella, en un esfuerzo bilateral, las singularmente poderosas y numerosas parlamentarias suecas. Y el país no se detuvo ahí. En el 2002 aprobó legislación adicional que complementaba la ley original sobre prostitución. Ese año, la Ley de Prohibición del Tráfico Humano para el Propósito de Explotación Sexual llenó algunos de los vacíos que había en la legislación previa y fortaleció aún más las facultades del gobierno para perseguir a la red que rodea y apoya la prostitución, como reclutadores, transportadores y anfitriones.

Aunque parece que les ha resultado fácil, no ha sido así pese a que la sociedad sueca está a años luz en desarrollo de los demás países del planeta. Durante los primeros dos años de vigencia de este novedoso proyecto casi no ocurrió nada. La policía efectuó muy pocos arrestos de clientes y la prostitución, continuó casi como si nada. Los más pesimistas reaccionaron con un estridente recordatorio: "¿Ven? La prostitución siempre ha existido y siempre existirá". Pero los suecos, muy seguros de la idea forjada tras sus estudios y que daba sentido al plan que habían elaborado, no prestaron atención a las críticas. Rápidamente identificaron el problema y luego lo resolvieron. Para que el sistema funcionara de forma integral, todos los agentes que formaban parte del engranaje tenían que cumplir, pero había un eslabón estancado que no permitía que el proyecto prosperase: las fuerzas de seguridad no estaban haciendo su trabajo.

Se determinó entonces que los agentes de policía necesitaban una profunda capacitación, así como orientación en lo que el público y la legislatura del país ya comprendía a la perfección: la prostitución es una forma de violencia masculina contra las mujeres. Los explotadores/compradores deben ser castigados y las víctimas/prostitutas necesitan recibir ayuda. El gobierno sueco invirtió cuantiosos fondos, de modo que policías y fiscales, desde los más altos niveles hasta los agentes que trabajaban en las calles, recibieron una intensa formación y el mensaje de que el país iba a por todas con este tema. Ya no había marcha atrás. Fue entonces cuando Suecia empezó a ver resultados sin precedentes.

Hoy día no sólo el pueblo sueco continúa apoyando firmemente el enfoque del país a la prostitución (el 80% de la gente lo respalda, según los sondeos de opinión), sino también policía y fiscales se encuentran ahora entre sus más fuertes apoyos. Las fuerzas de seguridad de Suecia han descubierto que la ley sobre prostitución les beneficia en el manejo de todos los crímenes sexuales, en particular porque les habilita para virtualmente erradicar el elemento del crimen organizado, que es una plaga en otros países donde la prostitución ha sido legalizada o regulada.

En el 2003, el gobierno de Escocia, con ánimo de reformar su propio enfoque sobre la prostitución, le encargó a la Universidad de Londres la elaboración de un análisis integral de resultados de políticas sobre prostitución en otros países. Además de revisar el programa sueco, el equipo de investigación seleccionó a Australia, Irlanda y los Países Bajos a fin de representar varias estrategias orientadas a legalizar y/o regular la prostitución. No revisó la situación en aquellos países donde la prostitución está totalmente penalizada, como es el caso en los Estados Unidos, pues el resultado de dicho enfoque es muy conocido. El mundo ya está bien familiarizado con el ineficaz e infructuoso mecanismo de arrestar prostitutas y dejarlas en libertad para luego volver a detenerlas.

Tal como lo reveló el estudio encargado a la Universidad de Londres, los resultados en los estados bajo revisión que habían legalizado o regulado la prostitución fueron tan desalentadores como la penalización tradicional, o tal vez aún más. En cada caso los resultados eran drásticamente negativos.

Según el estudio, la legalización y/o regulación de la prostitución condujeron a:

• Un drástico aumento en todas las facetas de la industria del sexo.
• Un marcado incremento en el involucramiento del crimen organizado en la industria del sexo.
• Un dramático aumento en la prostitución infantil
• Una explosión en la cantidad de mujeres y niñas extranjeras traficadas hacia la región.
• Un incremento en la violencia contra las mujeres.

Australia, donde fue creado un sistema de prostíbulos legalizados y regulados, hubo tal explosión en la cantidad de éstos que la capacidad del sistema para regularlos fue de inmediato abrumada, y con igual rapidez esos establecimientos se convirtieron en un nido de crimen organizado y corrupción. Además, las encuestas de las prostitutas que trabajan bajo sistemas de legalización y regulación revelan que ellas mismas continúan sintiéndose coaccionadas, forzadas e inseguras en este negocio.

Una encuesta de prostitutas legales bajo la política de regularización en los Países Bajos muestra que el 79% de ellas afirma querer salir de la industria del sexo. Y aunque cada uno de los programas de legalización prometieron ayuda para aquellas que deseaban abandonar la prostitución, esa ayuda jamás se concretó en ningún grado significativo. En contraste, el gobierno sueco sí cumplió con proveer amplios fondos para servicios sociales destinados a ayudar a prostitutas que querían salir de la actividad. El 60% de las trabajadoras sexuales en Suecia aprovechó la buena financiación de los programas y tuvo éxito al abandonar el comercio sexual.

Ahora bien, hay que plantearse por qué solo 8 países han adoptado el plan de Suecia si tan buenos resultados está cosechando: considerar a las prostitutas como víctimas de coerción y violencia por parte de hombres requiere que un gobierno primero pase de ver la prostitución desde la óptica masculina a verla desde los ojos de las mujeres. Y los países, en su mayoría si no es que prácticamente todos, continúan viendo la prostitución y cualquier otro asunto desde una óptica predominantemente masculina.

Aunque quizás sea cierto que los Estados Unidos y otros países aún están mucho más inmersos que Suecia en la oscuridad patriarcal, no hay razón por la que no puedan impulsar cambios de políticas como los que esa nación ha realizado. La belleza del asunto es que una vez que se ha abierto el terreno y la prueba del éxito se ha refrendado, tendría que ser mucho más fácil convencer a otros de ir por ese mismo camino.

De hecho, el Gobierno Sueco, a través de sus embajadas, está promoviendo un acercamiento de su proyecto a otros países para que lo conozcan a fondo y estudien las posibilidades de implementarlo. España ha sido uno de los países receptores y, aunque la propuesta fue recibida con muy buenos ojos, el posicionamiento de la cámara es a la vez diverso y difuso, tal vez un espejo que refleja la controversia de la población española sobre este particular.

El posicionamiento de los partidos políticos en España

El mapa ideológico en España está bien dividido respecto a este tema y no hay una posición clara ni unánime para abordar un tema que todos los partidos políticos siempre tratan de relegar y que parecen no tomarse en serio, cuando es incuestionable que existe un grave problema de fondo y estructural en nuestro país con la prostitución, pues, para empezar, hay que recordar de nuevo que la actividad es declarada alegal en nuestro ordenamiento jurídico.

El PP, partido que gobierna en la actualidad, quiere prohibirla, pero con matices. Alaba el modelo sueco, pero manifiesta una actitud contradictoria al esgrimir que la sociedad española no está madura para afrontarlo y argumentan para ello que si Suecia tardó 20 años, España aún no está preparada para un debate semejante. Lo que sí incluyen en su programa es castigar más duramente al proxenetismo.

Ante esta postura meridianamente turbia, no hay que ser Sherlock Holmes para advertir que el PP se muestra proclive a la abolición más por una cuestión de moralina que por una intención de legislar a favor de la igualdad y de los derechos humanos. Tampoco hay que ser Hércules Poirot para deducir que al PP no le interesa censurar una demanda que repercute al menos el 0,35% al PIB español y que da soporte a buena parte del sector del ocio y el turismo. De todos ya es sabido que las mafias en España campan como quieren y que gracias a su permeabilización por parte de las autoridades, pueden contribuir crucialmente a la industria turística, que no es sino el motor económico del país.

PSOE y Ciudadanos mantienen las posturas más claras sobre este asunto, y ambas son antagónicas de facto.

El partido socialista se mantiene firme en cuanto a sus convicciones en materia de prostitución y tienen claro que hay que perseguir y sancionar a clientes, proxenetas y traficantes, pues son quienes comercian y se lucran con los cuerpos y vidas de las mujeres. Por tanto, pretenden desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la actividad y discriminalización de las mujeres en situación de prostitución. Para ello, quieren ejecutar políticas activas desde los municipios para erradicar todas aquellas licencias de actividad que tenga relación con la explotación sexual, asimismo con la difusión en los medios de comunicación local o de regulación por ordenanzas municipales. Tienen claro que la prostitución es una forma extrema de violencia de género y como tal no puede ser objeto de reglamentación.

Ciudadanos, por su parte, es el único partido estatal que incluye en su programa la legalización de la prostitución. Albert Rivera llegó a manifestar en su momento: “estas personas parece que no existen. Hay una especie de doble moral colectiva, pero están ahí y tienen su sufrimiento".

Su intención es desarrollar la legislación pertinente para que la prostitución se ejerza en el marco de derechos y deberes de nuestro entorno social, sanitario, laboral y económico: “Incrementaremos las campañas de prevención de la prostitución, en especial en colectivos vulnerables y desarrollaremos medidas especiales de vigilancia por la Policía Local para erradicar su ejercicio. Incidiremos en el apoyo a las personas que, habiendo sido objeto de explotación, necesiten recuperar su autoestima e integrarse social y económicamente en ámbitos alternativos”.

Dejar este asunto en manos del partido naranja implicaría el hundimiento directo de España en un estercolero social, donde la prostitución terminaría de instaurarse en todos los estratos de la sociedad española, lo que supondría un retroceso sin igual en materia de derechos humanos e igualdad de la mujer.

La coalición Unidos Podemos se enfrenta a una clara disyuntiva dentro de sus filas, pues no hay una posición compacta que una a ambas organizaciones en materia de prostitución.

Mientras que para IU -  al igual que PSOE - la abolición de la prostitución es una línea roja básica innegociable en su programa, pues la considera como una forma extrema de violencia de género que debe ser erradicada, el partido de Iglesias aún no manifiesta una actitud diáfana sobre este tema en su federación estatal. Y aunque Ada Colau con EN COMÚ PODEM aboga por la regularización dentro de su programa para Cataluña, desde la secretaría nacional aún no hay una postura firme. Se ha sostenido en reiteradas ocasiones que es un tema a estudiar en profundidad y que no pueden decantarse a la ligera, pues han de escuchar a todos los colectivos implicados.

No obstante, algunos de sus miembros como Clara Serra, ya se han pronunciado a favor de la legalización. Y no sorprenden estas actitudes, dada la política a la que PODEMOS nos tiene acostumbrados últimamente, pues muchos de sus integrantes defienden un discurso curiosamente neoliberal no solo en este aspecto, sino en otras cuestiones tales como la industria pornográfica.

El error garrafal de Amnistía Internacional

Amnisitía Internacional ha mordido el anzuelo del capitalismo. Este movimiento internacional, que lleva luchando por los derechos humanos en todo el mundo desde que el abogado Peter Benenson lo fundara en 1961 para liberar a los presos políticos, se posiciona frontalmente en contra de lo que representan, de lo que siempre han defendido. Suena increíble, pero así es. Sus intenciones, como casi en todas sus causas, parecen las mejores, pero es difícil precisar si ante este asunto lo que demuestran es ingenuidad debida a una ignorancia brutal sobre el tema, o por el contrario saben muy bien lo que se hacen. 

Lo que queda claro al leer el manifiesto que define su política de actuación es que incurren en demasiadas contradicciones y ambigüedades que no dejan un tufo precisamente agradable:

-  “Amnistía Internacional ni apoya ni condena el comercio sexual”. Esta declaración reza en la política de AI. Se advierte una paradoja evidente, y retumba de tal forma que desplaza a la organización internacional de derechos humanos hacia la ambigüedad más oscura.

Una ONG tan importante e influyente como AI no puede permitirse adoptar una posición semejante. La prostitución es un tema demasiado crucial como para no mojarse, y menos para ellos. O estás a favor o estás en contra, se trata de un debate enfrentado donde solo hay dos posiciones contrapuestas.

- Por otro lado, y con respecto a sobre si se muestran a favor de la legalización, contestan que “legalización y despenalización son cosas distintas, y la legalización no es el modelo que estamos proponiendo... Más que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, la legalización supone la introducción de leyes y políticas relativas específicamente al trabajo sexual con el fin de regularlo formalmente... Amnistía Internacional no se opone a la legalización per se, pero los gobiernos deben asegurarse de que el sistema respeta los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales”. Es decir, AI no propone el modelo de legalización, pero tampoco se oponen.

La ONG apuesta por una política de despenalización de la prostitución, tanto de las mujeres que la ejercen como de los proxenetas, por considerar que con este principio de reducción de daño se va a favorecer su seguridad ante los abusos y la explotación, así como a su visibilidad, "empoderamiento" e independencia.

Resulta surrealista que la organización internacional se acoja a ese principio de reducción de daño y obvie las dos máximas sustanciales que vienen recogidas en la carta de derechos humanos y que deslegitima a la prostitución como forma deseable de vida, pues por un lado; se trata de una  forma de «violación remunerada», pues las prostitutas necesitan y desean el dinero de la prostitución, pero no desean la sexualidad prostitucional; y por otro, regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres.

Estos son los principios que atentan contra los derechos humanos y desde los que Amnistía Internacional debería partir para defender sin reservas lo que no se puede consentir. También resulta altamente extraño que aluda al manido discurso neoliberal y pro capitalista de la libre elección. En su política recalcan que hay que distinguir lo que es "prostitución voluntaria", la que se decide ejercer libremente, de la trata de seres humanos. Es alarmante que AI ignore la realidad del mito creado por el capitalismo para perpetuar el negocio.

Otro aspecto llamativo de su manifiesto donde demuestran una vez más una irresponsabilidad vergonzante es en el uso de un lenguaje erróneo, que ya han criticado cientos de organizaciones feministas. Por un lado, incluyen a los hombres al hablar continuamente de “trabajadoras y trabajadores sexuales” cuando es absurdo utilizarlo, ya que el porcentaje de varones que ejercen la prostitución no solo es tan ínfimo que roza el ridículo, sino que además los hombres prostitutos no se encuentran en la situación de desventaja de las mujeres, no sufren la opresión. Por otra parte, usan la palabra "empoderamiento" para referirse a lo que requieren las mujeres prostitutas siendo esto irregular desde una visión en igualdad de género. Se trata de un vocabulario del todo malinterpretado, pues se considera que una mujer está empoderada cuando representa un status en equidad de derechos con el hombre, y en el caso de la prostitución, una mujer siempre estará en inferioridad con respecto al varón.

Durante dos años, Amnistía Internacional llevó a cabo unos estudios para analizar a fondo la problemática de la prostitución y, tras este período convinieron en defender una política de despenalización, no solo de las mujeres prostitutas, sino también del proxenetismo. En lo que se refiere a las prostitutas, argumentan que la despenalización supone un principio de reducción de daño, a través del cual estas mujeres pueden ser visibles y no condenadas por la sociedad. Al estar protegidas por el Estado podrían acceder a la atención de la salud, denunciar los delitos ante las autoridades, o pueden trabajar juntas para mayor seguridad.

Ante esta postura es inevitable preguntarse por qué proteger también al los proxeneta. Sobre este particular, la organización alega que las denominadas “leyes contra el proxenetismo” a menudo perjudican a las trabajadoras sexuales en vez de a quien cometen los abusos, porque son demasiado generales y no los suficientemente específicas para contemplar casos concretos. AI afirma que su política no trata de proteger a los proxenetas: “A toda persona que someta a abusos o explotación a las trabajadoras y los trabajadores sexuales se le debe aplicar todo el peso de la ley”.

Por mucho que argumenten en su estudio que han consultado a diferentes organismos de la ONU y otras organizaciones de derechos, lo que resulta incuestionable es que choca de pleno contra el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, que considera la prostitución como una “violación evidente y absolutamente atroz de la dignidad humana que supone un obstáculo a la igualdad entre mujeres y hombres... La explotación en la industria del sexo es causa y consecuencia de la desigualdad de género y perpetúa la idea de que el cuerpo de las mujeres y las niñas está en venta”.

En este informe del Parlamento Europeo, se estipula asimismo que prácticamente todos los usuarios de servicios sexuales son hombres, en contraposición a lo que Amnistía Internacional expone en su manifiesto incluyendo en su declaración a los hombres como "trabajadores sexuales".

Desde que Amnistía Internacional anunciara oficialmente su postura, ha recibido cartas de queja con firma de hasta 400 organizaciones de todo el mundo, y de célebres artistas que han instado a la ONG a rectificar su política en materia de prostitución para que vire hacia la abolición, que es lo que le corresponde si quiere actuar con responsabilidad y estar a la vanguardia de los derechos humanos.