• Fran Pérez

¿Qué es el sistema marginalista y por qué habrían podido extinguirse mejor los incendios de este verano si las centrales hidroeléctricas estuvieran en manos públicas?

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), más del 63% de hogares desconocían en 2020 si el suministro de electricidad lo tenían contratado en el mercado liberalizado o en el mercado regulado, un porcentaje elevado pese a que se va reduciendo año tras año, y de hecho, solo el 25,7% conoce la diferencia que existe entre ellos.

De acuerdo con la OCU, en España el 60% de los hogares está conectado al mercado libre, que habitualmente tiene una tarifa fija que se contrata a una compañía, de manera que las variaciones en el precio de la luz no les afectan hasta la renovación de la misma -que usualmente se hace con periodicidad anual-. Los hogares restantes, tienen tarifas PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), es decir, tarifas variables indexadas al mercado regulado.

El mercado libre ofrece una gama variada de tarifas y descuentos que aseguran el beneficio de la compañía amoldándose a los hábitos de consumo del contratante. Sin embargo, existe un cierto consenso en que el contrato más barato es el regulado, entre otros motivos, porque si uno se confía y excede los kWh contratados las empresas pueden cobrarlos a precios desmesurados y porque el regulado permite acceder al bono social eléctrico para los consumidores con menor poder adquisitivo y, en definitiva, el Gobierno dispone de mayor margen de intervención, por escasas que puedan resultar las medidas paliativas para hacer frente a un problema sistémico.

Existe un cierto consenso en que el contrato más barato es el regulado

Aunque el porcentaje de usuarios del mercado regulado varía de un país a otro, todos los miembros de la OCDE y de la UE disponen de esta alternativa y establecen el precio de mercado del kWh mediante un sistema marginalista que tanta polémica está provocando y que cada país regula a su antojo. El Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español (OMIE) es una sociedad, participada al 50% por la española OMEL y al 50% por la portuguesa OMIP, que se encarga de fijar los precios del mercado eléctrico mayorista comunes para España y Portugal. Estos países actúan como una estructura regional en el mercado europeo tras la constitución del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica (MIBEL).

EL SISTEMA MARGINALISTA

El mercado mayorista es aquel en el que las compañías adquieren una mercancía a otras empresas fabricantes, mientras el minorista se dirige al consumidor final. En el caso del mercado energético, las compañías eléctricas pueden desempeñar las funciones de generar, comercializar como intermediarias -es decir, comprar y vender energía a otras compañías eléctricas- y/o distribuir energía al consumidor final. Así, en un sistema marginalista, las empresas generadoras de energía lanzan a un ‘pool’ o ‘piscina’ de ofertas el precio al que están dispuestas a vender una cierta cantidad de energía, y éstas se ordenan en pauta ascendente hasta satisfacer la demanda estimada de las intermediarias y distribuidoras, así como de algunas industrias que contratan la energía directamente en el mercado mayorista. Una vez satisfecha la demanda, la energía más cara fija el precio de mercado -precio marginal- al que se compra la energía a todos los ofertantes, independientemente de cuál haya sido su oferta inicial, y se descartan aquellas centrales que hayan superado este precio en sus ofertas. A este precio se le añaden posteriormente los impuestos y peajes que también se pagan en el caso del mercado libre.

Es así cómo se lleva a cabo la casación de la oferta y la demanda, lo que se conoce como 'despacho diario'. Al margen quedaría el ‘despacho de restricciones técnicas’, que en España no opera el OMIE, sino Red Eléctrica, y que se encarga de asegurar el suministro, por ejemplo, en caso de cortes de luz. Este proceso se realiza para cada hora del día, debido a que la energía eléctrica no se puede acumular en cualquier condición y que tanto la demanda como la capacidad de generación varían a lo largo del día y de la época del año -pensemos en la solar, la eólica o la hidráulica-. De hecho, con la infraestructura actual, la capacidad máxima de las renovables excedería con creces la demanda en las horas punta, pero debido a la variabilidad de su producción se requiere del gas para cubrirla, además de las centrales nucleares, lo que supone algo más de un 15% de las horas anuales, pero precisamente las de mayor consumo y encarecimiento.

El fundamento al que obedece este sistema es el de asegurar la libre competencia entre empresas productoras de una misma mercancía: la energía. Para los liberales que defienden este marco y que apuestan por la rivalidad en detrimento de la cooperación como motor del desarrollo, esto impulsaría la innovación y la eficiencia en su producción, es decir, el abaratamiento de costes -al menos para las empresas-.

Entendiéndolo así, la analogía de pagar las sardinas a precio de percebe pierde sentido, ya que si consideramos que la mercancía es el kWh, lo que ocurre en el mercado energético no es muy diferente de lo que ocurre en otros ámbitos del mercado capitalista: distintas compañías vendedoras de sardinas presentan diferentes costes de producción y, en idénticas condiciones de calidad, todas venden sardinas en un momento determinado a precios similares con independencia del margen de beneficio, mientras que aquellas empresas cuyos costes de producción superen el precio de mercado se ven abocadas a la quiebra porque son incapaces de competir -un modelo de libre competencia que, paradójicamente, redunda en la creciente concentración del capital en pocas manos-. Lo mismo, por separado, para los percebes.

En cualquier caso, y como resultado de una imperiosa necesidad de una cierta estabilidad social, económica y medioambiental para el desarrollo de la actividad económica, los Estados capitalistas se han encargado de poner límites a la ‘libertad’ del ‘libre mercado’, ya que una competición frenética a ciegas por el beneficio inmediato y cortoplacista para sobreponerse a otras empresas rivales, nos conduciría al colapso social y económico, si es que no lo está haciendo ya actualmente a un ritmo más o menos contenido. Y si en algún ámbito esto es especialmente notorio, es en el de la energía, que es donde se juega en gran medida la sostenibilidad a los tres niveles mencionados.

Es ineludible la apuesta por unas formas de generación de energía y la imposición de restricciones a otras que en última instancia se pretenden suprimir -sin entrar a valorarla, esta última es la línea de actuación que se sigue, por ejemplo, para las centrales térmicas de carbón-. Estos factores, aunque el sistema asegure que distintos tipos de centrales puedan verse forzados en ciertas condiciones a arreglárselas para abaratar costes, dejan en entredicho el argumentario de que el sistema marginalista pretenda asegurar el 'libre mercado' entre distintas formas de generar energía, puesto que precisamente se penalizan las formas más contaminantes para el propósito contrario: que no compitan con las renovables.

Libre o no, lo que está claro es que el sistema marginalista concibe el kWh y establece su precio como una única mercancía con independencia de su origen, lo que otorga pingües beneficios a las centrales que producen más barato, y que corren a cargo de los usuarios. No obstante, no está claro cómo afectaría el sistema alternativo a la factura -'pay-as-bid'-, ya que los ofertantes modificarían su comportamiento: las centrales nucleares, eólicas, hidráulicas y solares presentan, en comparación con los combustibles fósiles, costes variables muy reducidos -aquellos dependientes de cuánto se produce-, mientras que los fijos -infraestructura, personal, mantenimiento- son en relación mucho más elevados.

El sistema marginalista concibe el kWh y establece su precio como una única mercancía con independencia de su origen, lo que otorga pingües beneficios a las centrales que producen más barato

Esto es especialmente manifiesto en el caso de las nucleares, que no pueden permitirse parar unas horas o días y activarse a continuación debido a la complejidad y coste del proceso, por lo que aseguran la entrada en el ‘pool’ presentando ofertas a precio bajo o incluso cero. Después cobrarán la energía al precio fijado por la oferta más cara, pero en los momentos de menor demanda ésta podría satisfacerse tan solo con este tipo de energías. Sin embargo, si el precio de mercado se fijase para cada energía por separado, no estarían dispuestas ni en algunos casos les resultaría rentable cobrarla al precio al que lo ofertan actualmente, por lo que el precio de mercado de sus respectivas energías aumentaría.

Un gran incremento de la capacidad generadora de las renovables supondría dejar fuera a las energías más caras y establecer un precio más bajo

El sistema marginalista tiene efectos particulares para cada tipo de energía. Por ejemplo, suele beneficiar a la energía procedente de centrales solares fotovoltaicas, puesto que produce en las horas centrales del día en que también aumenta la demanda y el precio en consonancia. Sin embargo, un gran incremento de la capacidad generadora de las renovables supondría dejar fuera a las energías más caras y establecer un precio más bajo, algo que por ahora a la energía solar apenas le preocupa, pero que es mucho más acusado para la energía eólica. Es lo que se conoce como 'efecto caníbal', y tanto es así que en 2020 se aprobó una normativa, el RD-Ley 23/2020, para proteger a las nuevas instalaciones eólicas fijando su precio para no depender del sistema marginalista, algo que la patronal eólica criticó como insuficiente pero que puede contribuir a la proliferación de parques eólicos, polémicos por su impacto en la biodiversidad

¿POR QUÉ SUBE LA LUZ?

Para entender por qué sube la luz debemos poner atención a la energía eléctrica que cierra la subasta del precio mayorista en los momentos de mayor demanda: la procedente de centrales térmicas de ciclo combinado, que usan generalmente gas natural como combustible. El precio medio del gas se ha quintuplicado entre agosto de 2020 y agosto de 2021: la luz sube porque el gas sube. Ahondaremos en los factores a los que se debe esto en un próximo artículo, pero esta explicación por sí sola es insuficiente, habida cuenta de que ha sido la energía hidráulica, y no el gas, la que ha marcado el precio de mercado en el 59% de las subastas del ‘pool’ eléctrico durante el mes de agosto, pese a los bajos costes de producción.

Ha sido la energía hidráulica, y no el gas, la que ha marcado el precio de mercado en el 59% de las subastas

Explicado de forma sencilla, si diriges una compañía eléctrica con una centra hidráulica con bajo coste de producción y otra central térmica de gas natural que compras a un precio muy por encima de lo habitual que se verá reflejado en el de la electricidad procedente de esta central pero no en un mayor beneficio, fijas el precio de la energía hidráulica un 'pelín' por debajo y le das al botón del agua: obtienes un gran margen de beneficio 'caído del cielo' a partir de la central hidroeléctrica y, si con eso basta para satisfacer la demanda, no vendes gas. Esta estrategia pueden adoptarla todas las compañías eléctricas con centrales hidroeléctricas. Actualmente, Endesa, Iberdrola y Naturgy controlan el 90% del mercado eléctrico español. La particularidad de la energía hidráulica es que el agua se puede acumular en las semanas de menor rentabilidad y se puede maximizar la generación de energía en los momentos más rentables hasta vaciar los embalses, como hemos presenciado este verano.

Las presas gallegas de Cenza y As Portas, gestionadas por Iberdrola, se vaciaron hasta alrededor del 15% de su capacidad, mientras que la de Salas y Belesar, gestionadas por Naturgy bajaron del 30%, lo que tiene efectos sobre el ecosistema e, incluso, según el presidente autonómico, podría llegar a comprometer el suministro de agua a la población en otoño. En el incendio de este verano en el que ardieron más de 1.700 hectáreas en Ribas de Sil, al sur de Lugo, los hidroaviones hubieron de desplazarse hasta Belesar -situado a 40 km- en lugar de cargar agua en Cenza -a 26 km- debido a que se encontraba casi vacío, disminuyendo la frecuencia de las descargas de agua y en consecuencia la eficacia del operativo.

En Portugal tampoco sentó nada bien el vaciado del embalse de Ricobayo (Zamora), gestionado por Iberdrola: las autoridades de una treintena de localidades pertenecientes a 19 municipios portugueses remitieron una queja conjunta a la Comisión Europea para que estudiase posibles acciones contra la empresa por la sequía, las pérdidas económicas provocadas y el incumplimiento de los acuerdos sobre respeto e integración de políticas ambientales y sostenibles.

LOS LÍMITES LOS PONE EL GOBIERNO

En esencia, todo se reduce al, para algunos, oxímoron de Ábalos: “Es un derecho, pero también es un bien de mercado”. Se refería a la vivienda, pero es aplicable a la luz. No debe obviarse que poner precio es limitar, y no garantizar, y regirse por el libre mercado es hacer primar el beneficio privado sobre el bienestar general cuando entren en conflicto. La apuesta que formula el pensamiento comunista, producir y garantizar socialmente el acceso a los bienes generados, es radical en tanto que ataja el asunto desde la raíz. En la Cañada Real se enfrentan a un nuevo invierno sin suministro, ni caro ni barato, ni contaminante ni verde.

Regirse por el libre mercado es hacer primar el beneficio privado sobre el bienestar general cuando entren en conflicto

Ahora bien, esto no excluye que existan otras formas en las que los países capitalistas pueden intervenir en el precio de la luz, incluso bajo el sistema marginalista. Se ha comentado que en cada país este sistema se implementa según su propia regulación, por lo que los gobiernos tienen cierto margen de intervención.

Este margen de intervención no se limita a los impuestos y peajes, ni siquiera a las ayudas sociales. En Francia, la energía nuclear se queda fuera del ‘pool’ y se paga a un precio fijo, lo que minimiza el impacto. De hecho, incluso entre países que operan como una misma región fijando un mismo precio de mercado los efectos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en Portugal no se le da la relevancia a la subida de la factura de la luz que se le da en España pese a compartir precio de mercado.

Esto se debe a que las tarifas reguladas por la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no se fijan diariamente, sino trimestralmente, aunque por lo general son comunes para todo el año. Esto amortigua tanto las subidas como las bajadas de precio puntuales, pero no parece ofrecer una alternativa satisfactoria en el medio plazo, que es la situación en la que nos encontramos, como se desarrollará en un próximo artículo. También influye en que no se le preste la misma atención a esta problemática en Portugal que en España que, según la ERSE, el 85,3% de los clientes portugueses tienen contratos en el mercado libre. Esto quiere decir que la subida del precio de la luz, hasta la renovación de contratos, afecta a menos de un 15% frente al 40 en España.

Medidas que sí pueden tener un efecto paliativo sobre la factura de la luz, siempre que esté indexada a la energía hidráulica, son las dirigidas a incidir en sus prácticas abusivas, como el margen de beneficio que pueden obtener con respecto a los costes de producción o el vaciamiento de los embalses -actualmente deben avisar a la Administración para ser sometidas a valoración, al menos, si lo hacen por debajo del 20% de su capacidad-.

Pero no son las únicas. Una producción hidráulica en manos públicas hubiera evitado los precios desorbitados fijados por las hidroeléctricas, ya que en este caso no operan los intereses del beneficio privado: ofertarían un precio ajustado a los costes de producción y, cuando el precio de mercado lo fijasen energías más caras, el margen de beneficio público restante podría revertir en mejorar los servicios sociales. Disponen de empresas públicas de energía países tan poco sospechosos de ser socialistas como Canadá (Hydro-Quebec, BC Hydro, Saskpower,...), Estados Unidos (TVA), Suecia (Vattenfall), Francia (EDF y Engie), Italia (Enel) o Israel (IEC).

Una producción hidráulica en manos públicas hubiera evitado los precios desorbitados fijados por las hidroeléctricas, ya que en este caso no operan los intereses del beneficio privado

De hecho, estas empresas existieron tanto en Portugal como en España. Sin embargo, Portugal accedió a deshacerse de la participación estatal en Energias de Portugal (EDP), fundada en 1976 como Electricidade de Portugal, como parte de las exigencias de la Troika -para quienes no lo recuerden: Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- a cambio del rescate financiero de 2011. EDP contaba con un valor bursátil próximo a los 8.000 millones de euros, revertía unos beneficios netos anuales de cientos de millones y era la joya de un programa de privatizaciones que incluía a la petrolera Galp, Aguas de Portugal, la eléctrica REN, la aerolínea TAP y la Radio Televisión Pública.

En España, por su parte, la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa) fue fundada en 1944 por el entonces Instituto Nacional de Industria y fue pública hasta 1988, en que Felipe González la incluye en su marco de privatizaciones sacando el 25% a bolsa, al que añadiría otro 8,7% en 1994, aunque manteniendo una participación estatal mayoritaria. El proceso lo culmina José María Aznar, vendiendo el 35% de las participaciones estatales en 1997 y privatizándola finalmente al 97% en 1998. Ese año era nombrado vicepresidente de Endesa Manuel Pizarro, que ascendería a presidente en 2002. En 2007 dejaría el cargo con una retribución próxima a los 20 millones de euros, para afiliarse al Partido Popular dos meses después y concurrir a las elecciones generales de 2008 como número dos por la circunscripción de Madrid, es decir, el siguiente a Mariano Rajoy. En 2011, Aznar sería contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica por 200.000 euros anuales.

Obviando la tentadora posibilidad de complejo encaje en la legislación actual de considerar ilegítimo el beneficio privado -al menos- de las compañías eléctricas y expropiarlas por decreto y sin indemnizaciones -al menos- desmesuradas, a fin de hacer valer el interés común sobre el particular, algo que podría ahuyentar a la inversión extranjera y conllevar represalias internacionales -tales son las restricciones del libre mercado-, las posibilidades de acción gubernamental se limitan a desembolsar una cantidad de dinero que se antoja imposible para comprarlas o crear una empresa pública generadora de energía. Las comercializadoras y distribuidoras, de las que ya existen ejemplos como Barcelona Energia, no tienen capacidad para influir en el precio, ya que no forman parte de la oferta en el sistema marginalista, sino de la compra de energía dependiente de la demanda (cuidado con los titulares manipuladores).

Y esta última es la opción impulsada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y que sopesa ahora la Ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. El gran inconveniente son las concesiones para explotar los embalses: las próximas en vencer son pequeñas y las de mayor potencia no lo hacen hasta 2044, 2045 y 2065. Con pequeños embalses difícilmente puede una empresa pública satisfacer la demanda y cerrar el ‘pool’ eléctrico, por lo que habría que esperar décadas hasta que puedan palparse sus ventajas.

Al margen de la energía hidráulica, caben otras opciones para abaratar el recibo de la luz en el medio y largo plazo, como la incorporación de paneles fotovoltaicos domésticos a los inmuebles que se construyan y su impulso en las viviendas ya construidas, algo que además evita las fugas de alrededor del 10% de la energía en la red eléctrica de transporte y distribución del suministro.