• Jonathan Martinez

A Iñigo Cabacas lo mataron por primera vez en un callejón de Bilbao hace ahora más de seis años. Era 5 de abril de 2012, aún faltaba más de un año para que demolieran el viejo San Mamés y el Athletic acababa de imponerse al Schalke 04 en unos cuartos de final europeos que habían sido declarados de alto riesgo. Antes de la medianoche, varias llamadas al 112 ponen en guardia a la Ertzaintza y el jefe de operaciones, Ugarteko, comienza a enviar furgonetas a la zona de María Díaz de Haro. El resto de la historia es conocida: los ertzainas desplegados comunican a la emisora que no hay incidentes pero Ugarteko insiste en entrar al callejón y a la herriko "con todo lo que tenemos". Vuelan pelotas de goma. Hay un joven tendido en las aceras. "Se habrá desmayado", dice Ugarteko a la emisora. El joven muere cuatro días más tarde en el hospital de Basurto.

A Iñigo Cabacas lo mataron por primera vez hace más de seis años y lo volvieron a matar ayer con una sentencia que apuntala el blindaje de los mandos políticos y policiales. La Audiencia Provincial de Bizkaia condena a dos años de prisión y cuatro meses de inhabilitación al oficial que trató de evitar los disparos y que ni siquiera disparó porque permaneció en la furgoneta. Absuelve, en cambio, a los otros cinco ertzainas acusados. El condenado no pisará la cárcel. La inhabilitación tampoco le afecta porque ya está jubilado. El jefe de operaciones, Ugarteko, ni siquiera ha estado imputado. El responsable de la comisaría que desplegó las furgonetas, Jorge Aldekoa, fue ascendido a jefe de la Ertzaintza por el gobierno de Urkullu. El ex consejero de Interior, Rodolfo Ares, no asumirá ninguna culpa. El propio tribunal explica que la investigación policial ha sido "deficiente", que faltan datos determinantes y que la comisaría responsable ha impedido con su descontrol el análisis de las armas y, por tanto, la identificación de los autores de los disparos. Y así todo en esta infranqueable cadena de impunidades.

Este pasado martes, el fiscal que investiga la trama corrupta del caso De Miguel, Josu Izaguirre, ponía en cuestión la imparcialidad de la Ertzaintza. La policía vasca, dice Izaguirre, está a merced del gobierno "y cuando uno se acerca a los aledaños del gobierno, las investigaciones pierden vigor". Hoy, con la sentencia del caso Cabacas en la mano, nos golpea más que nunca la sospecha de que los tentáculos políticos han tejido una tupida telaraña de inmunidad. Da igual que la Audiencia reconozca que las cargas del callejón de María Díez de Haro fueron irresponsables. No importa que el tribunal sentencie que el mando debió detener los disparos y pudo haber evitado la muerte de Cabacas. El oficial condenado, dice el periodista Iñaki Iriondo, no es más que un chivo expiatorio, la víctima propiciatoria de una estrategia institucional diseñada para que nadie pise jamás el talego.

Para comprender la verdadera dimensión política del caso Cabacas hay que comprender primero el contexto en que suceden los hechos. Regresamos a 2009, a las puertas de las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. La Ley de Partidos impulsada por PP y PSOE permite anular las papeletas de izquierda independentista que concurren bajo las siglas de D3M. El juez Garzón enviará a prisión a ocho de sus promotores bajo la acusación de integración en organización terrorista y tres años después la  Audiencia Nacional admitirá su inocencia. En cualquier caso, más de cien mil papeletas declaradas nulas decantan la balanza a favor de PP, PSOE y UPyD, que por primera y única vez en la historia alcanzan la lehendakaritza en unas elecciones. Todo esto sin haber reunido los votos necesarios.

En la investidura de Patxi López vuelven a verse tricornios junto al árbol de Gernika. El grupo ultra Falange y Tradición, procesado por delitos terroristas, da la bienvenida "al nuevo Gobierno Regional Vascongado". Rodolfo Ares toma el mando de Interior y de la Ertzaintza y promete mano dura en las calles contra la izquierda independentista. Prohíbe manifestaciones. Irrumpe en homenajes a las víctimas de los GAL y la extrema derecha. Las cargas indiscriminadas se multiplican en los telediarios. En un episodio emblemático contra el movimiento asociativo bilbaíno, Ares envía al barrio de Rekalde treinta furgonetas, un helicóptero y dos tanquetas con el objetivo de derribar el centro cultural de Kukutza. En aquel despliegue policial vemos que la Ertzaintza dispara pelotas a bocajarro. Antes de que las balas de goma quebraran el cráneo de Cabacas, un joven de 19 años llamado Xuban Nafarrate cae al suelo después de una carga policial durante la huelga general vasca del 29-M. El informe médico habla de traumatismo craneoencefálico. Ares sostiene que Nafarrate se cayó. Siete días después cayó Cabacas.

Que el jefe del operativo diera orden explícita de cargar en un local de la izquierda independentista como el Kirruli ha suscitado todo tipo de suspicacias. El propio oficial condenado, el chivo expiatorio que pidió no disparar, sostiene en su declaración que enviar policías a una plaza donde se reúnen jóvenes de la izquierda vasca solo puede ser un error o tiene un objetivo: provocar "una sarracina". La propia Audiencia Provincial de Bizkaia denuncia el "descontrol" de los efectivos, la "descoordinación" de los mandos y el “incremento injustificado de la tensión en la zona provocado por la actuación policial”. En última instancia, el tribunal concluye que "la actuación policial no estaba justificada de acuerdo con la normativa y protocolos de actuación en situaciones de orden público".

Pero si la actuación policial fue descontrolada y la investigación deficiente, el proceso judicial ha sido un calvario de seis años y medio interminables para los padres de Iñigo Cabacas. Para sorpresa —o no— de todo el mundo, el primer juicio del caso sentó en el banquillo de los acusados a la abogada de la familia y a los periodistas de Gara que publicaron la grabación de la emisora policial. Ugarteko les reclamaba 777.000 euros por daños y perjuicios. Y es que el jefe del operativo que mató a Cabacas, el mando que ordenó entrar con todo a pesar de las advertencias de sus subordinados, es acusación pero no acusado en este galimatías judicial sin pies ni cabeza. La Audiencia de Bizkaia había decidido no imputar a Ugarteko porque escalar en la cadena de mandos "nos llevaría al absurdo". En lo alto del absurdo, el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, atribuyó el crimen a un "accidente". Y en esa sucesión de absurdos, la Ertzaintza y la Guardia Civil condecoraron en 2016 al magistrado que iba a presidir el tribunal del caso Cabacas antes de que la familia lo recusara.

A Iñigo Cabacas lo han matado dos veces. La primera vez hace ya más de seis años. La segunda vez en un largo desangrado de injusticia y de desprecio institucional que concluye con la sentencia de ayer. Matar sale barato, decía ayer el jugador del Athletic Mikel San José. Menos mal que por encima de esta escombrera de infamias televisadas, regates políticos y miradas hacia otro lado, nos queda la presencia entrañable, firme y siempre digna de Manu y Fina, los padres de Iñigo Cabacas. Allí donde no quiere llegar la verdad ni la justicia ha llegado día tras día, pancarta tras pancarta, el cariño y el calor de la gente. Somos los hijos que nunca podrán quitaros.