• Kamchatka

La historia reciente de España —la más oscura y sangrienta— podría haber sido muy distinta si el poder en la sombra del gran capital no hubiese intervenido en la Guerra Civil para respaldar con fervor al bando golpista. El intervencionismo de los gobiernos democráticos había colmado la paciencia de las fortunas más codiciosas de la época, que encontraron en la sublevación franquista la ocasión perfecta para restaurar su "orden natural" de las cosas: la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas.

La reforma agraria, que perseguía el viejo anhelo republicano de repartir la tierra cultivable, enfureció a los Domecq, los Osborne, los González Byass y otros ilustres —y habitualmente compuestos— apellidos del mercado agrícola y bodeguero del sur de España. Las reformas laborales y el fortalecimiento de los sindicatos terminaron por inclinar la balanza en favor de las tropas del general Franco, que encontraron apoyo logístico y financiero entre los poderosos industriales de la época y, especialmente, en el sector bancario: el gran sostén económico del golpe de Estado.

Del mismo modo que los grandes capitales hallaron en los movimientos autoritarios del siglo XX a sus mejores aliados, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se adaptaron hábilmente a las necesidades de las recién reinstauradas democracias liberales. Con la misma influencia que utilizaron para enriquecerse mientras buena parte de Europa ardía en llamas, supieron adaptarse para trasmutar la vieja pulsión nacionalista en un capitalismo de la modernidad que, bajo el disfraz del progreso y la reconstrucción, consolidó nuevas formas de dominación económica y política. 

Con la misma influencia que utilizaron para enriquecerse mientras buena parte de Europa ardía en llamas, supieron adaptarse para trasmutar la vieja pulsión nacionalista en un capitalismo de la modernidad que, bajo el disfraz del progreso y la reconstrucción, consolidó nuevas formas de dominación económica y política

Como ya advirtieron los autores clásicos del pensamiento marxista-leninista, el fascismo constituye una fase superior del capitalismo: una hipérbole que los mercados utilizan para afrontar las crisis sociales que emergen cíclicamente en la gestión de una sociedad capitalista, una herramienta de control destinada a sofocar las aspiraciones de las grandes masas empobrecidas por el globalismo financiero, recurriendo a las viejas recetas de los nacionalismos reaccionarios: patria, identidad, seguridad y obediencia.

En la actualidad, con el auge de lo que Steven Forti bautizó como la "extrema derecha 2.0", las élites financieras han sabido de nuevo adaptarse para preservar sus posiciones de privilegio, consolidando así un sistema diseñado para perpetuar su dominio. El poder económico establece una simbiosis con los intereses de las grandes potencias geopolíticas, en un equilibrio donde unos y otros no pueden subsistir por separado. Israel es probablemente el paradigma de esta relación: un "Estado" que utiliza el respaldo financiero, tecnológico, logístico y militar de los grandes capitales de Occidente para establecer un régimen de apartheid en Palestina, que otorga a los líderes neofascistas como Netanyahu el control del relato y, a los capitales internacionales, el control del dinero.

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO: DEL APARTHEID AL GENOCIDIO

Así lo denuncia Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, en un informe titulado "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio", donde analiza el conflicto israelí-palestino desde una dimensión corporativa y expone a decenas de empresas que obtienen suculentos beneficios de un sistema de dominación colonial que se prolonga desde 1967.

El informe parte de una premisa fundamental: la empresa privada no puede considerarse ajena ni neutral en contextos de conflicto. En un escenario de ocupación militar, surge un mercado de oportunidades del que participan numerosas corporaciones. En el caso palestino, se evidencia la evolución de una dominación que ha pasado de ser un sistema de ocupación y control a un modelo genocida de destrucción sistémica y expulsiones masivas.

Albanese —quien, tras publicar el informe, ha sido objeto de persecución y sanciones por parte de Estados Unidos e Israel— subraya que la situación en los territorios palestinos ha dado lugar a un modelo empresarial diseñado para facilitar la vida de los colonos a costa del bienestar de la población ocupada: mercados y recursos cautivos, control de los medios de subsistencia y militarización de infraestructuras esenciales como el agua o la electricidad. Tras más de seis décadas de mercadeo en un sistema de dominación, cuando el conflicto escala —como ocurrió tras los atentados de octubre de 2023—, el mercado se adapta rápidamente para seguir aumentando sus beneficios. Las estructuras de vigilancia y control que antes servían para restringir la movilidad de los palestinos se transforman ahora en maquinaria de destrucción: desde drones armados hasta programas de inteligencia artificial que seleccionan objetivos humanos, o sistemas energéticos manipulados para convertirse en armas de guerra. Lo que antes se destinaba a "mantener la ocupación" ahora sirve para "aniquilar la vida". Y en este proceso, las empresas actúan como habilitadoras, pero sobre todo, como grandes beneficiarias.

Tras más de seis décadas de mercadeo en un sistema de dominación, cuando el conflicto escala —como ocurrió tras los atentados de octubre de 2023—, el mercado se adapta rápidamente para seguir aumentando sus beneficios

Con casi toda probabilidad, uno de los motivos fundamentales que explican la crispación que el informe ha despertado en los pasillos del poder en Washington y Tel Aviv es que Francesca Albanese no se limita a una descripción general de lugares comunes, como sucede habitualmente en este tipo de documentos auspiciados por Naciones Unidas y su complejo equilibrio diplomático, sino que señala con nombres propios a las grandes corporaciones transnacionales que se lucran del sufrimiento de la ciudadanía palestina.

Como la estadounidense Lockheed Martin, una de las mayores empresas armamentísticas del mundo, que fabrica los aviones F-35 con los que el ejército israelí ha bombardeado Gaza hasta convertirla en un paisaje inhóspito con 23 millones de toneladas de escombros. O IBM, el gigante tecnológico con sede en el estado de Nueva York, que opera desde 1972 en Israel con contratos de inteligencia que abarcan desde el entrenamiento de personal militar hasta la gestión de bases de datos biométricos del Ministerio del Interior. Amazon y Google firmaron en 2021 un acuerdo por valor de 1.200 millones de euros con el gobierno hebreo para el desarrollo del 'Proyecto Nimbus', oficialmente un sistema de almacenamiento en la nube para la modernización de servicios públicos y la centralización de datos de las diferentes administraciones del Estado. Extraoficialmente, y tras la publicación de un informe conjunto de +972 Magazine, Local Call y The Guardian, se ha conocido que los servicios contratados estarían siendo utilizados para apoyar actividades militares en los territorios ocupados. Documentos internos de Google revelan que, incluso antes de la firma del contrato, la compañía ya expresaba "serias preocupaciones" de que sus herramientas pudieran "ser utilizadas para, o estar vinculadas a, la facilitación de violaciones de derechos humanos, incluida la actividad israelí en Cisjordania".

Sin embargo, las grandes tecnológicas representan solo la punta de lanza de un entramado financiero mucho más amplio, cuyos eslabones se extienden a prácticamente todos los sectores comerciales. En el ámbito de la maquinaria pesada, Caterpillar (Estados Unidos) suministra las excavadoras D9 empleadas en la demolición de viviendas, mezquitas y edificios públicos. Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia) también se benefician de la destrucción de infraestructuras y tierras agrícolas en zonas ocupadas. En el campo energético, la británica BP explora recursos en aguas que pertenecen legalmente a Palestina y suministra crudo a los asentamientos israelíes. En el sector agroindustrial, Tnuva —el mayor conglomerado alimentario israelí, propiedad de la china Bright Food— comercializa con tierras de cultivo confiscadas a los palestinos, mientras que Netafim, del grupo mexicano Orbia, provee tecnología de riego que ha permitido la explotación intensiva del agua en la ribera occidental, en perjuicio de los agricultores palestinos. En el comercio turístico, plataformas como Booking y Airbnb obtienen beneficios facilitando el turismo y la venta de propiedades en colonias israelíes de Cisjordania y Jerusalén Este, fortaleciendo así la economía de los asentamientos ilegales. Todas estas actividades serían inviables sin el respaldo financiero que las sostiene. En ese punto, Albanese menciona a BlackRock y The Vanguard Group, dos de los mayores fondos de inversión estadounidenses. Ambos participan en el accionariado de muchas de las empresas implicadas y comercializan con bonos del Estado de Israel, permitiendo así financiar su presupuesto militar y sostener la ofensiva sobre Gaza.

Según la relatora, las empresas citadas representan solo "una pequeña muestra de un extenso entramado económico y financiero" de más de un millar de entidades. En cualquier otro país formarían parte del habitual tejido económico nacional; en Palestina, sin embargo, constituyen la base de un régimen "colonial y del apartheid".

LAS VIDAS —Y LAS MUERTES— DETRÁS DEL NEGOCIO

Lo que subyace tras esta maraña de siglas corporativas y datos macroeconómicos son las vidas de los 5,6 millones de palestinos cuya existencia está atravesada por un impacto devastador que no figura en ningún balance de cuentas. Las demoliciones masivas de viviendas, la pérdida de tierras agrícolas, la destrucción de infraestructuras, la ausencia de agua potable, los cortes de electricidad y la imposibilidad de regresar para quienes fueron sometidos a desplazamientos forzosos se han convertido en elementos esenciales de un sistema económico que se alimenta de las violaciones de derechos humanos y que, tras los fatales atentados de octubre de 2023, transmutó de una industria del control y del sometimiento a una maquinaria implacable de destrucción.

Los bulldozers que antes demolían viviendas de supuestos terroristas de Hamás ahora arrasan con barrios enteros en apenas unas horas. Los sistemas de vigilancia masiva que Israel utilizaba para controlar el tránsito de los palestinos se implementan para bombardear ciudades enteras. El control del agua, de la energía y de los combustibles, que han marcado una dependencia construida durante décadas de ocupación, se ha transformado en una herramienta fundamental de esta particular transición israelí: de un régimen de apartheid a un régimen genocida.

El control del agua, de la energía y de los combustibles, que han marcado una dependencia construida durante décadas de ocupación, se ha transformado en una herramienta fundamental de esta particular transición israelí: de un régimen de apartheid a un régimen genocida

Las empresas, por tanto, no solo participan en la cadena productiva, sino en el ecosistema de dominación. Al suministrar componentes, maquinaria, tecnología o créditos, no actúan sin consecuencias: su lucro depende de que la ocupación continúe, de que los asentamientos prosperen y de que la colonia siga abastecida. Y cuando la destrucción se intensifica, como en Gaza, el mismo engranaje se beneficia del negocio de la reconstrucción, del desplazamiento y del reemplazo.

Esa es la crítica más contundente del informe de Francesca Albanese: las empresas no se retiran cuando la violencia aumenta; por el contrario, la escalada del conflicto se convierte en una nueva oportunidad de negocio. Cada bombardeo, cada desplazamiento forzoso, cada asesinato genera contratos, inversiones y beneficios para un entramado corporativo que ha aprendido a prosperar en mitad de la destrucción.

Mientras millones de personas intentan huir de la ratonera en la que se ha convertido la Franja de Gaza, las grandes compañías que dominan la economía global se esfuerzan en ampliar su presencia en este gigantesco mercado de la muerte, que ha hecho del sufrimiento humano una fuente inagotable de rentabilidad.