"Un instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos". Así definió el Boletín Oficial del Estado a la entidad ultra y antiabortista ‘Más Futuro’, cuando en el año 2017 fue declarada asociación de utilidad pública por el gobierno de Mariano Rojoy. Desde entonces disfrutan de ventajas fiscales y asesoría jurídica gratuita para el desarrollo de sus labores, esto es, importunar a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. "Tuve muy claro lo que iba a hacer", cuenta A.N., pero se sintió agredida cuando fue asaltada en plena calle por un grupo de 5 mujeres que intentaron socavar su decisión. "Me decían que iba a matar a mi hijo, que no tenía derecho y que ellas podían ayudarme".

Sucedió en las puertas de la clínica Dator, la primera de Madrid autorizada para la realización de abortos de alto y bajo riesgo, que desde su inauguración, en 1998, lleva soportando el hostigamiento de diferentes grupos fundamentalistas antielección. "La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación pública y entendemos que las administraciones, en especial las sanitarias, deberían velar por la seguridad de las mujeres", dice Sonia Lamas, trabajadora de la clínica. "Se podría decir que sucede cada día. Se plantan delante de la puerta, abordan a las mujeres y le entregan folletos, sin que ellas hayan dado su consentimiento".

La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva regula las condiciones en las que se debe llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo y las garantías en el acceso a la prestación. La normativa establece que las clínicas autorizadas son las encargadas de entregar la información, un extenso documento elaborado por juristas y profesionales sanitarios donde se desgrana minuciosamente los procesos a seguir, dependiendo de la edad gestacional y la valoración médica, así como las posibles complicaciones y riesgos y los derechos que asisten a las mujeres.

Una de las prácticas más habituales entre los pelotones antielección es el reparto de panfletos acientíficos que pueden llevar a confusión

Sin embargo, una de las prácticas más habituales entre los pelotones antielección es el reparto de panfletos que pueden llevar a confusión, por constituir un memorándum de falacias y supercherías desacreditadas por la ciencia. En uno de ellos, en el que se exhorta a las mujeres a "escuchar la llamada de tu conciencia", advierten de la relación entre el aborto y el cáncer, una conexión desmentida por numerosos estudios médicos, además de utilizar un tono paternalista e infantilizador con mensajes moralistas alejados de cualquier valoración objetiva, como "ruptura de relaciones sentimentales", "problemas de relación con sus hijos", "consumo de alcohol y drogas" o "suicidio".

El reparto de los libelos propagandísticos es solo el prefacio de una serie de espectáculos macabros que suelen llevar a escena en fechas señaladas. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, o durante la Cuaresma, han peregrinado en procesión hacia las clínicas y apilado decenas de pequeños ataúdes de cartón para simbolizar, lo que ellos llaman, el "nuevo holocausto".

• Pasividad de las administraciones

Las mujeres que sufren el hostigamiento reaccionan de diferentes maneras. A T., que acudió a la clínica Dator en el año 2013, les apartó de un empujón. "En ese momento en que tu cuerpo es una bomba de hormonas y tu estabilidad mental se está tambaleando, lo que menos te apetece es que se acerque un señor con un feto de plástico para decirte que puede ayudarte. Si quieres ayudarme, quítate de mi vista". Otras se muestran impermeables al acoso, pero también las hay que se ven afectadas en su esfera emocional o psicológica, lo que obliga a retrasar la intervención unas horas e incluso a posponerla.

El aborto es un servicio de la sanidad pública, y por tanto, es responsabilidad de las instituciones que las mujeres puedan acceder a la prestación en condiciones de seguridad, con respeto a su intimidad y confidencialidad. José Antonio Bosch es asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y relata un recorrido infructuoso por las diferentes administraciones: "He visitado las Subdelegaciones de Gobierno en Madrid, en Málaga, en Albacete...Me he reunido con la consejerías de sanidad y nos dicen que es un problema de orden público. Cuando acudimos a los gestores del orden público alegan que se trata de un asunto de movilidad de los ayuntamientos y en los ayuntamientos argumentan que es una cuestión de orden público. Es un triángulo en el que nadie hace nada".

Las clínicas han presentado cientos de denuncias, pero solo en una ocasión consiguieron llegar a juicio, aunque el caso resultó archivado

Las clínicas han presentado cientos de denuncias, pero solo en una ocasión consiguieron llegar a juicio, aunque el caso resultó archivado. El problema reside en que este tipo de delitos no se persiguen de oficio y necesitan de la denuncia expresa de la víctima para tener un recorrido judicial fructífero. "Entenderás que cuando las mujeres entran en las clínicas, soliviantadas y emocionalmente afectadas, lo que menos les apetece después de un aborto es iniciar un proceso judicial", asegura el letrado.

A.L.sí se atrevió a dar el paso. En 2018 visitó la clínica IRIS de Albacete para una revisión ginecológica y fue abordada "por una señora de unos 60 años que estaba rezando el rosario". Decidió acudir a comisaría "porque me hizo sentir incómoda y por lo que habrán pasado otras mujeres que hayan estado en una situación similar", pero en dependencias policiales cuestionaron la viabilidad de la denuncia al interpretar que no había sido víctima de ningún tipo de coacción. Finalmente, "después de 3 horas y de que la conversación subiera de tono" consiguió presentar una querella que ni siquiera llegó a trámite, tras no haberse podido identificar a la supuesta agresora.

• La complicidad de las derechas

"Si esto afectase a los hombres se solucionaría en 5 minutos". Clara Serra fue diputada de la Asamblea de Madrid entre junio de 2015 y octubre de 2019 por el grupo parlamentario de Podemos y comparte una opinión generalizada que hemos podido pulsar durante la preparación de este reportaje: la vulneración de los derechos de las mujeres no está siendo contrarrestada por las instituciones.

Serra formó parte de ellas y en el ejercicio de sus funciones reclamó medidas jurídicas y de protección para las mujeres que están siendo acosadas. Papel mojado porque en la Comunidad de Madrid, las derechas llevan décadas utilizando la mayoría parlamentaria, no solo para tratar de torpedear cualquier avance en materia de derechos individuales, sino también para puentear con subterfugios legales los que ya han sido conquistados. "El gobierno de la Comunidad de Madrid es la única administración que exige a las menores de edad el permiso de los dos progenitores para poder abortar, pero la ley no dice explícitamente que tengan que ser ambos. Hacen una interpretación torticera de la normativa que provoca, por ejemplo, que mujeres que han sido víctimas de violencia de género tengan que ponerse en contacto con su agresor para obtener el consentimiento que permita a su hija llevar a cabo la interrupción del embarazo. La consecuencia es que no pueden abortar, o lo hacen con un estado de gestación mucho más avanzado", concluye Clara Serra.

Si esto afectase a los hombres se solucionaría en 5 minutos

La ya exdiputada de Podemos coincidió en la Asamblea de Madrid con Gádor Joya, que a día de hoy ocupa un escaño en la bancada de Vox y es portavoz de su grupo en la Comisión de Sanidad. Antes de enrolarse en la política, Joya participó en las campañas de 'Hazte Oír', una organización de ultraderecha que mantiene vínculos con el partido de Santiago Abascal y que es impulsora de la iniciativa ‘Ambulancia vida’, donde ofrecen a las mujeres hacerse una ecografía en una especie de furgoneta ubicada frente a la clínica Dator. "Esa ecografía es innecesaria porque en las clínicas autorizadas ya se les va a realizar. Aprovechan para ponerles la pantalla en zona visible y aumentan el sonido para que oigan el latido del feto", denuncia Sonia Lamas.

Al ser cuestionada sobre este asunto, Gádor Joya reconocía orgullosa "haber trabajado en un proyecto cuyo objetivo es defender el derecho a la vida y la dignidad de todo ser humano".

De la connivencia entre Vox y los grupos fundamentalistas antielección también pueden dar testimonio en la clínica ginecológica Iris de Albacete, la primera de Castilla-La Mancha acreditada para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. "Un grupo de entre 3 y 5 personas se colocan delante del centro y se dirigen a las mujeres de forma coercitiva, con rosarios, biblias, folletería y sin mascarilla", cuenta Lola Gómez, que estuvo vinculada al centro como trabajadora social. Forman parte de ‘Red Madre’, una de las entidades más grandes del país en esta materia, con presencia en más de 40 ciudades, y a cuyas concentraciones en Albacete se ha sumado Rafael Lomana, diputado nacional de Vox por la provincia manchega.

• Perímetros de seguridad para evitar el acoso

"Hace unos años identificaron a una de las enfermeras en un supermercado cuando estaba con su hija. La rodearon y la insultaron", denuncia Gómez. Las agresiones a la plantilla y los daños a la propiedad son frecuentes en todas las clínicas que están sometidas al escrutinio de los antiabortistas. En Dator, explica Sonia Lamas, "nos persiguen por la calle hasta el metro e incluso nos han ofrecido trabajo, porque la labor que realizamos no les parece digna". Las instalaciones son blanco habitual de lanzamientos de huevos y piedras, además de pintadas con mensajes del estilo "Son regalos, no os pertenecen", "Aquí se matan niños" o "Aborto=asesinato".

Los profesionales temen que la situación pueda verse agravada si no se toman medidas desde las administraciones, y por ello solicitan que se activen protocolos similares a los que ya están activos en otros países europeos. En Francia, desde 1993, existe un perímetro de seguridad alrededor de las clínicas donde no se permite ningún tipo de manifestación o concentración que pueda coaccionar la libertad de elección de las mujeres, bajo pena de 2 años de prisión y multas de hasta 30.000 euros. En 2017, la normativa se hizo extensible a las páginas webs que diseminan informaciones falsas o sesgadas sobre el aborto, "porque introducen a las mujeres en una especie de túnel que les puede hacer dudar de su decisión", declaró Laurance Rossignol, por entonces Ministra de la Familia y del Derecho de las Mujeres en el país galo.

En Francia se establece un perímetro de seguridad alrededor de las clínicas para evitar concentraciones que puedan coartar la libertad de las mujeres

Las organizaciones antiderechos, paradójicamente, esgrimen en su defensa el derecho a la libertad de expresión y de reunión, garantías reconocidas por el orden constitucional de cualquier estado democrático, que sin embargo, no pueden ser óbice para "el derecho de las mujeres a la salud, a la intimidad y a la confidencialidad", recalca José Antonio Bosch. "¿Alguien se imagina que yo fuera a la puerta de una iglesia con un grupo de amigos y comenzara a intimidar a la gente para que no entrasen? No duraría ni dos domingos", concluye el asesor jurídico de ACAI.