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Francesca Albanese intenta mantener su trabajo como relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Su labor, centrada en documentar violaciones de derechos humanos, ya la había colocado en el centro de una tensión creciente entre diplomacia e intereses geopolíticos. Pero desde el pasado 9 de julio, la escalada ha pasado de las palabras más o menos altisonantes a la persecución política y personal. Ese día, el gobierno de Donald Trump la incluyó en su lista de sancionados, prohibiéndole el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Desde entonces, Albanese no puede recibir su salario, abrir una cuenta bancaria, usar tarjetas de crédito ni efectuar transacciones internacionales en la órbita económica de Washington. Incluso las entidades financieras que procesen pagos en su nombre corren el riesgo de ser expulsadas del sistema bancario norteamericano. Además, cualquier ciudadano estadounidense que intente apoyarla económicamente se enfrenta a penas de hasta 20 años de prisión y multas que superan el millón de dólares. Albanese depende del efectivo prestado por familiares y amigos y del uso limitado de tarjetas de crédito de terceros, en un contexto de precariedad que dificulta su vida diaria y, sobre todo, su continuidad como relatora. Su situación, denunciada ante diversos organismos internacionales, le ha supuesto una parálisis en sus rutinas diarias que ella misma describe como "un intento de silenciar la verdad por la vía del castigo financiero".

Albanese no puede recibir su salario, abrir una cuenta bancaria, usar tarjetas de crédito ni efectuar transacciones internacionales en la órbita económica de Washington. Incluso las entidades financieras que procesen pagos en su nombre corren el riesgo de ser expulsadas del sistema bancario norteamericano

La administración Trump justifica las sanciones como respuesta a lo que considera "una campaña ilegítima y hostil contra Estados Unidos e Israel", pero juristas y defensores de los derechos humanos lo reinterpretan como una estrategia de represalia directa contra ella y un aviso para que otros funcionarios internacionales no se atrevan a rectificar el discurso oficialista dictado por Washington y Tel Aviv. No es casual que las sanciones llegaran pocas semanas después de que Albanese presentara ante la ONU un informe titulado 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio', donde documenta patrones de destrucción sistemática en Gaza, identifica bloqueos deliberados a la ayuda humanitaria y apunta a la existencia de condiciones que, bajo el derecho internacional, podrían constituir crímenes de guerra e incluso crímenes contra la humanidad. Empresas como Volvo, Microsoft, IBM, Booking o Black Rock son señaladas por su participación en actividades que sostienen y financian la ocupación israelí y la violación de derechos humanos en Palestina.

Las presiones no parecen haber hecho mella en el compromiso de Albanese. Meses después, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó el documento 'Anatomía de un genocidio', en el que detalla la existencia de "motivos razonables" para concluir que Israel ha cometido de forma intencionada "actos genocidas", según lo establecido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Albanese sostiene que "hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del crimen de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza". Señala en particular tres actos genocidas con la intención requerida: "causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo". Además, la relatora enfatiza el marco colonial donde se producen estos hechos y recomienda la recuperación del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid para abordar la situación en Palestina.

La relatora enfatiza el marco colonial donde se producen estos hechos y recomienda la recuperación del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid para abordar la situación en Palestina.

El informe causó una reacción inmediata. Desde Washington, el por entonces senador —y ahora secretario de Estado— Marco Rubio lo calificó de "vergonzoso e ilegítimo", acusando a Albanese de incitar al antisemitismo y de apoyar el terrorismo. La relatora, por su parte, defiende el mandato que le atribuyó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y lamenta las consecuencias de las sanciones en su contra porque sientan un peligroso precedente: "Soy la única funcionaria de la ONU que ha sido objeto de estas medidas. Si castigar económicamente a quien documenta crímenes se convierte en norma, se anula la función crítica de los mecanismos internacionales de derechos humanos".

Mientras tanto, en Gaza, la crisis humanitaria se endurece hasta extremos nunca vistos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde octubre de 2023, la Franja es el escenario de una ofensiva militar encarnizada que deja, según estimaciones de la ONU, más de 60.000 palestinos asesinados, en torno a 150.000 heridos y un sistema sanitario reducido a escombros. Las infraestructuras —carreteras, puertos, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua— han sido destruidas; el 90 % de las escuelas están dañadas o completamente derruidas, y los centros donde operan las pocas oenegés que quedan sobre el terreno son, a menudo, diana habitual de los ataques del ejército israelí. La vida cotidiana ha sido sustituida por la supervivencia; millones de personas han sido desplazadas internamente y las condiciones en los refugios son extremadamente precarias y poco seguras.

En el mes de agosto, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna. Más de medio millón de personas padecen una forma extrema de inseguridad alimentaria, con niveles críticos de desnutrición. En áreas del norte se ha documentado la ingesta de hierba y agua contaminada. Los menores de 5 años sufren retraso severo en el desarrollo, y las mujeres embarazadas y lactantes no tienen apenas nutrientes, lo que anticipa una nueva generación de palestinos marcada por el trauma físico y psicológico.

Organizaciones como la OMS, la FAO, Médicos Sin Fronteras, ACNUR o Save the Children denuncian que el gobierno de Israel les impide el despliegue sobre el terreno y que, en múltiples ocasiones, convoyes con personal y material de auxilio han sido atacados o bloqueados. La poca ayuda humanitaria que consigue atravesar los estrictos controles de los pasos fronterizos está gestionada por la Fundación Humanitaria de Gaza, una pseudoorganización controlada por Israel y Estados Unidos que ha convertido los puntos de reparto de alimentos en trampas mortales donde el hambre se utiliza como un arma de guerra. "El derecho internacional prohíbe lo que Israel está haciendo: no es una guerra, es un ataque genocida, una supresión colonial", denuncia Albanese, quien, a su vez, critica la inacción de la comunidad internacional y acusa a la Unión Europea de tibieza para tomar decisiones al margen de la tutela de EE. UU.

"El derecho internacional prohíbe lo que Israel está haciendo: no es una guerra, es un ataque genocida, una supresión colonial", denuncia Albanese

La relatora ha pedido a Bruselas y al gobierno de Italia —su país de nacimiento— una intervención directa que garantice su seguridad personal y la de su familia para que pueda seguir cumpliendo con su mandato, pero, salvo aisladas declaraciones en el Parlamento Europeo, el silencio ha sido la respuesta habitual. La situación de Albanese es el reflejo de la crisis en Gaza: la humanitaria, que es urgente e inmediata, pero también la jurídica, y cómo el genocidio en la Franja ha supuesto un enorme descrédito para el derecho internacional, cuyos límites han sido desdibujados por las grandes potencias que modifican a su antojo los márgenes de la legalidad.

El caso de Francesca Albanese, más allá del plano personal, plantea un debate sobre la eficacia de los mecanismos multilaterales y la funcionalidad de los organismos intergubernamentales en situaciones de conflicto cuando los actores implicados superan en poder, en influencia y en impunidad a las instituciones llamadas a supervisarlos. Si todo el engranaje internacional no dispone de las herramientas necesarias para imponer medidas coercitivas que obliguen a los Estados a cumplir la legalidad, la pregunta que surgirá de los escombros de Gaza puede ser tan peligrosa como las bombas: ¿para qué sirve la legalidad internacional si no es capaz de proteger a los más vulnerables?