• Jonathan Martinez

Parece mentira, pero hace ya casi tres semanas que arrancó el juicio contra doce de los líderes independentistas que impulsaron el referéndum catalán del 1 de octubre. A lo largo de nueve jornadas, hemos visto desfilar por los bancos del Tribunal Supremo a los protagonistas de aquellos días agitados de 2017, cuando daba la impresión de que el mundo estaba a punto de terminarse y España estaba a punto de disolverse. Muchos de aquellos protagonistas ya no están. No están Mariano Rajoy ni Juan Ignacio Zoido ni Soraya Sáenz de Santamaría. Una moción de censura se los llevó por delante en junio de 2018. No están Oriol Junqueras ni Dolors Bassa ni Jordi Turull ni el resto de sus compañeros del viejo Govern. El 155 y la prisión preventiva los apartaron de la función pública. Hay otro presidente en el Palacio de la Moncloa. Hay otro president en el Palau de la Generalitat. Han cambiado los personajes, pero el cuento sigue siendo el mismo.

En un juicio de naturaleza política, la escenificación nos recuerda demasiado al debate parlamentario. Por si fuera poco, las negociaciones presupuestarias y el adelanto electoral han irrumpido en el proceso judicial como un avance de precampaña. En la sala, hemos escuchado alegatos por los derechos civiles y políticos. Hemos visto hombres togados que preguntan por tuits y correos electrónicos. Hemos visto a la extrema derecha en la banqueta oportunista de la acusación popular. Hemos visto a un Rajoy amnésico que no sabe / no contesta. Hemos visto al ex ministro que se fundió 87 millones en porrazos policiales y no recuerda el "a por ellos". Hemos visto a una ex vicepresidenta que ni siquiera sabe que la declaración de independencia jamás fue formalizada. Ni rastro, eso sí, de rebelión ni de sedición ni de malversación ni de desobediencia. En fin, mucho derecho penal del enemigo y pocas nueces.

Hay en las filas del catalanismo un sentimiento general de pesadumbre y una sospecha de que la sentencia ya está escrita. De que tocará apelar a Estrasburgo en un interminable vericueto burocrático. Y de que se terminará haciendo justicia cuando ya sea demasiado tarde. Los precedentes no son muy halagüeños y las últimas reprimendas internacionales contra la justicia española vienen a confirmar los peores presagios. El pasado seis de noviembre, España se comió una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber arrebatado a los miembros de Bateragune su derecho a un juicio justo. Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto habían pasado entre seis y seis años y medio cada uno en prisión cuando por fin se hizo justicia. En estos días resuena también la sentencia del Tribunal Supremo en 2008 contra la mesa del Parlamento vasco por haberse negado a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak. Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao fueron condenados por desobediencia hasta que en junio de 2017 llegó Estrasburgo con las rebajas y condenó a España por haber negado un juicio justo a los imputados.

Hay en las filas del catalanismo un sentimiento general de pesadumbre y una sospecha de que la sentencia ya está escrita. De que tocará apelar a Estrasburgo en un interminable vericueto burocrático

Que la justicia española padece una crisis de legitimidad es más un secreto a voces que una opinión personal. El proceso contra los jóvenes de Altsasu, la sentencia de La Manada o las peripecias de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en el caso Nóos son apenas un puñado de ejemplos que han desatado en mayor o menor medida un sentido de inequidad, de desprotección y de rabia. Los juicios de la operación Araña han convertido a cualquier usuario de las redes sociales en un criminal en potencia. A Pablo Hasél y a Valtónyc les piden cuentas por criticar a la monarquía. Mientras tanto, M. Rajoy se hace el loco en la Audiencia Nacional cuando le preguntan por cajas B y sobresueldos y tramas Gürtel. Al rato, el Tribunal Supremo se enmienda a sí mismo la plana y exime a la banca de pagar el impuesto de las hipotecas. La misma banca, todo hay que decirlo, que acaba de engullir un rescate de 60.600 millones del erario público. "La Fiscalía te lo afina”, dice el ministro Fernández Díaz. "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás", escribe el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Nos invade una sensación de descreimiento y ternura cada vez que nos hablan de independencia judicial y de separación de poderes. Más aún, nos invade una sensación de contrariedad cuando los portavoces políticos y los grandes medios se adelantan a los tribunales a la hora de dictar sentencia. "Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición en España", proclamaba Pedro Sánchez en mayo de 2018 en el matinal de Susanna Griso. Por entonces, el presidente había propuesto modificar el Código Penal para acomodarlo al escenario catalán. Una maniobra similar experimentó la política española tras los atentados contra Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015. PP y PSOE se refugiaron entonces en la coartada del antiyihadismo para colarnos una reforma legal que ha sido aplicada contra tuiteros y titiriteros. El nuevo Código Penal sirvió para colgar el sambenito de terroristas a los jóvenes de Altsasu o a los activistas de los CDR.

Porque el calvario de Altsasu no comienza, ni mucho menos, con el fallo del jurado este pasado mes de julio de 2018. Desde el mismo día de los hechos, en octubre de 2016, la prensa ha divulgado los rostros de los procesados como se divulga el rostro de los forajidos del lejano oeste. En un estrepitoso ejercicio de propaganda, los titulares se han llenado de acusaciones monstruosas que después se han demostrado falsas. Terrorismo. Pasillo de la muerte. Linchamiento. Ahora pienso también en Tamara Carrasco, la CDR que sirvió de cabeza de turco en la campaña contra la desobediencia civil en Cataluña. Por mucho que los tribunales hayan terminado rechazando las acusaciones de terrorismo, Tamara vive recluida en su municipio desde hace casi un año a la espera de una sentencia definitiva. Por el camino, los medios del establishment han querido pintarla como una criminal peligrosa cuyo mayor delito era guardar una careta de Jordi Cuixart en su casa. A veces pienso también en la víctima de La Manada, que no solo tuvo que soportar el trauma de la violencia sexual de los sanfermines de 2016 sino que además ha padecido el tormento del show mediático y un juicio en el que se ha puesto en duda su testimonio e incluso su padecimiento.

A veces, la sentencia no es más que el final de un suplicio agotador de prisión preventiva o de medidas cautelares o de lapidación pública

A veces, la sentencia no es más que el final de un suplicio agotador de prisión preventiva o de medidas cautelares o de lapidación pública. Lo hemos visto decenas de veces. Jóvenes declarados inocentes y absueltos después de haber esperado su juicio durante uno o dos años en prisión. Este pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional establecía que cinco jóvenes vascos habían sido encarcelados en 2015 de forma “contraria a la ley” por la Audiencia Nacional. Pero ahora qué más da. Ya te has zampado tu cárcel y tu dispersión. Ya te han tachado de terrorista en todas las portadas. Ya se han meado en tu presunción de inocencia. Porque en muchas ocasiones, la justicia llega —si es que llega— demasiado tarde. Y da igual la sentencia porque durante todo este tiempo de espera ya te han puesto en la diana y has chupado calabozo y has sido una y mil veces humillado y condenado por la prensa. La condena no es el final del juicio. El juicio es la condena.