• J. Manuel Sanchez

"La situación es muy crítica. A veces hace mucho frío y estamos enfermando". Houda Akrikez es cofundadora y presidenta de Tabadol, una asociación cultural integrada por mujeres magrebíes que trabaja "para conseguir una sociedad en la que toda persona tenga derecho al desarrollo de sus capacidades personales y sociales, en igualdad y libertad". Tabadol desarrolla su actividad en la Cañada Real, una antigua vía pecuaria en la que, desde mediados de los años 50, se ha establecido uno de los asentamientos irregulares más grandes de Europa.

Esta semana, los sectores 5 y 6 cumplirán 4 años y medio sin suministro eléctrico, con alrededor de 4.000 personas afectadas, 1.800 de ellos menores de edad, que permanecen sin luz en invierno, soportando temperaturas de bajo cero, y en verano, con los termómetros rondando los 35 grados.

Las interrupciones del suministro eléctrico dificultan la higiene diaria, el lavado y desinfección de la ropa

Akrikez tiene dos hijas "que lo están pasando muy mal". La mayor de ellas "no puede conectarse a sus clases virtuales, ni hacer los trabajos ni los exámenes". Además de vulnerar derechos fundamentales, como el de la educación, y afectar a la actividad económica y social, la falta de electricidad tiene "un impacto sobre la salud a través del aumento de la mortalidad y la repercusión en numerosas morbilidades". Así lo aseguran desde el Equipo de Intervención con Población Excluida (EIPE), un grupo de personal sanitario que trabaja sobre el terreno y que ha presentado un informe donde alerta de la incidencia que la actual situación puede acarrear en personas con enfermedades cardiovasculares, reumatológicas, infecciones respiratorias, crisis de asma o problemas de salud mental. En este escenario "las interrupciones del suministro eléctrico impiden el desarrollo de las actividades más elementales, tales como la higiene diaria, el lavado y desinfección de la ropa", señala EIPE. Las personas afectadas están siendo obligadas a buscar alternativas inseguras con las que poder entrar en calor, circunstancia que ha provocado la atención sanitaria a 40 intoxicados por el uso de bombonas de gas.

Naciones Unidas ha instado en reiteradas ocasiones al "inmediato restablecimiento" del suministro eléctrico en la Cañada Real, pero las administraciones competentes continúan ancladas en una posición inmovilista. Isabel Diaz Ayuso achacó la problemática a las plantaciones de marihuana que colapsan los suministros de energía, y si bien es cierto que existe un escenario de tráfico de drogas, este se circunscribe, según datos de la Policía, a una superficie de alrededor de un kilómetro de los 16 sobre los que se extiende el asentamiento de viviendas.

Si bien es cierto que existe un escenario de tráfico de drogas, este se circunscribe a una superficie de alrededor de un kilómetro de los 16 sobre los que se extiende la Cañada

En sede parlamentaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a los vecinos de urdir una estrategia para evitar hacer frente al coste del abastecimiento eléctrico, extremo que desmiente Houda Akrikez: "Somos gente trabajadora que paga sus impuestos, no traficantes de droga. En todas las protestas que estamos haciendo decimos claramente que queremos pagar la luz, como cualquier otro ciudadano".

Sin diálogo ni soluciones a corto plazo por parte de las autoridades, 80 personas han presentado una denuncia contra Naturgy, la empresa suministradora, y la Comunidad de Madrid, por vulneración de los derechos humanos. El litigio ha sido registrado por el abogado Javier Rubio, en representación de la Asociación Tabadol, y sostiene que la compañía y la administración regional están incurriendo en delitos de "trato denigrante, lesiones, daño y coacciones para obligar a los residentes a abandonar el asentamiento", al negarse a restablecer el avituallamiento de energía. "Estamos ante una situación de emergencia humanitaria. Las administraciones se pasan la responsabilidad y Naturgy no se ha reunido con los vecinos", asegura Rubio, quien además advierte de que la vía judicial puede eternizarse durante meses y apela a la responsabilidad de la clase dirigente para "facilitar un suministro eléctrico provisional hasta regularizar la situación y que la gente puede pagar sus recibos, que es lo que todos quieren".

El letrado recuerda el Pacto Regional por la Cañada Real firmado en 2017 donde se recoge, en uno de los anexos, la obligatoriedad de aprovisionar energía para toda la zona. "Ahora estamos hablando de un corte permanente, pero todos los años hay interrupciones que suelen durar uno o dos días, porque las administraciones nunca han tenido interés en cumplir con lo pactado y arreglar la problemática", concluye Rubio.

Del pacto regional sabe bien Pedro Navarrete, ex Comisionado para la Cañada Real por el Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2016-2019 y trabajador jubilado de la Agencia de la Vivienda Social durante más de 25 años. Fue uno de los impulsores del acuerdo que supuso el inicio de la regularización para una zona que hasta la fecha había sido condenada al limbo administrativo. El pacto logró tener un desarrollo sostenido durante aquel espacio de tiempo, pero la llegada del gobierno entrante ha relegado de nuevo a los vecinos de la Cañada Real al ostracismo de los segundos planos.

"Isabel Díaz Ayuso es una impresentable, puedes ponerlo". Navarrete no se anda con reparos a la hora de calificar el trato que la Presidenta de la Comunidad de Madrid dispensa a "gente muy vulnerable", mientras "ha dejado en manos de las grandes constructoras el desarrollo urbanístico de la ciudad". El gobierno del PP ha retomado los macroproyectos de construcción de viviendas que están cercando los terrenos de la Cañada Real. "Es una estrategia para forzar que los vecinos se vayan. No quieren tener viviendas, que en muchos casos son de lujo, al lado de un asentamiento".

"Hay espacio suficiente para que la gente viva en condiciones dignas", asegura Pedro Navarrete, ex Comisionado para la Cañada Real

Naverrete recuerda que el antiguo equipo del Comisionado que él lideró sentó las bases para que las administraciones locales y regionales iniciaran el proceso de organización del suelo, "porque hay espacio suficiente para que la gente viva en condiciones dignas", además de un plan de realojos para la llamada "zona sin asfaltar", que afecta a 150 familias de las cuales solo 50 han recibido una nueva vivienda. "La marihuana no es el problema de la Cañada Real, es la excusa para criminalizar a gente humilde que trabaja honradamente para ganarse la vida".

Houda Akrikez, Javier Rubio y Pedro Navarrete son un pequeño testimonio de un escenario mucho mayor que nos ayuda a perfilar la línea invisible, de apenas 14 kilómetros, que separa la majestuosidad de una capital europea de la trastienda de las zonas olvidadas. A pesar de que cada uno de ellos está condicionado por experiencias vitales muy diferentes, los tres coinciden en aventurar el peor de los escenarios si aquellos que pueden revertir la problemática no se ponen a trabajar de inmediato en buscar soluciones. "Están esperando a que suceda una tragedia, pero en la Cañada Real tenemos un tejido asociativo muy fuerte. Hemos construido nuestras casas, ladrillo a ladrillo, con mucho trabajo, y vamos a luchar hasta el último momento", concluye Houda Akrikez.